Martes, 06 de Diciembre de 2022

Las dudas sobre el proceso de vacunación son evidentes hasta el punto que ha tenido que mediar en la búsqueda de explicaciones el Justicia de Aragón. El protocolo implantado por el Gobierno de España, con el aval y la aplicación del Gobierno aragonés, determina las franjas de edad o las particularidades médicas de las personas que deben vacunarse, y en qué momento lo harían.


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La controversia generada por el protocolo es evidente. Tanto en las informaciones periodísticas publicadas en las últimas semanas, como por las denuncias públicas, y en círculos sanitarios, del personal de los centros hospitalarios o de atención primaria.

El punto más crítico sobre las irregularidades puntuales que ha habido en el proceso de vacunación en Aragón lo explicó el jefe de la UCI del Hospital turolense Obispo Polanco al admitir que en su centro se habían vacunado desde sindicalistas hasta administrativos. Una afirmación tan rotunda a la que se suman otras quejas no formales, ni publicas, de sanitarios que han

Que si se han vacunado los pinches de cocina del Hospital Miguel Servet, reconocen fuentes sindicales del centro como una de las conversaciones más habituales estos últimos días.

O la situación de una enfermera que vuelve de su baja por maternidad  y no es vacunada, según denuncian las mismas fuentes. O hasta la polémica por dos alcaldes, del PP y del PSOE, de las Cinco Villas que se vacunaron junto a los miembros de una residencia para no desechar una dosis.


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Esta situación durante el proceso de vacunación ha hecho que varios ciudadanos hayan interpuesto ante el Justicia de Aragón una serie de reclamaciones sobre el proceso de vacunación. Y las dudas o los casos donde se han cometido irregularidades.

De hecho, el pasado día 27 de enero, el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, decidió abrir un expediente de oficio tramitado por el procedimiento de urgencia, con el fin conocer más a fondo la realidad y las previsiones de actuación que el Departamento de Sanidad pudiera tener planteadas ante las noticias aparecidas de posibles alteraciones en los criterios de prioridad establecidos en la ‘Estrategia nacional de vacunación frente a la Covid-19 en España’.

Estas posibles irregularidades en el Plan de Vacunación frente a la COVID19 en Aragón se sumaban a los ocho expedientes que de forma ordinaria se tramitaban en la Institución a instancias de quejas ciudadanas.

IRREGULARIDADES PUNTUALES

Desde la institución del Justiciazgo, se solicitó información a los Departamentos de Ciudadanía y Derechos Sociales y al de Sanidad sobre diferentes aspectos relativos a dicho proceso de vacunación, y de manera más concreta al grupo que en ese periodo era objeto de vacunación: centros residenciales de mayores, de personas con discapacidad y trabajadores de dichos centros.

En la tramitación del expediente se han mantenido diversas conversaciones con personal sanitario directamente implicado en el proceso de vacunación, con personal sanitario sin relación directa con el proceso perteneciente tanto a atención primaria como a hospitalización, y se ha accedido a material formativo del personal que directamente debía asumir las labores de vacunación, y a protocolos de entidades privadas donde la misma se ha producido.

De esta información requerida, tras ser analizada por la institución del Justicia de Aragón, no se ha comprobado ninguna irregularidad generalizada durante el proceso. Pero sí que se corrobora que se han tomado decisiones distintas a las que remarcaban los protocolos. Las situaciones que no estaban contempladas pero que se han desarrollado no han sido informadas públicamente.

MÁS CONTROL

Según fuentes del Justicia de Aragón, reconocen ante estos hechos irregulares puntuales que es necesario que se proceda a valorar por parte de Sanidad del Gobierno de Aragón si las instrucciones, o el mismo protocolo, deba ser más concreto en situaciones más subjetivas o que se puedan subsanar las deficiencias comprobadas desde finales del mes de diciembre.


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Así mismo, se sugiere que se deben implementar mayores mecanismos de control, con carácter previo y posterior, que no solo garanticen la vacunación de los grupos prioritarios establecidos, sino además otorgue a la ciudadanía en general una mayor confianza en el proceso, cuestión clave para el desarrollo de cualquier iniciativa sanitaria, pero esencial en un complejo e inédito proceso como este.

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