La factura que deja el rastro de la okupación para un ayuntamiento no es poca cosa. Este es el balance que se extrae de las cifras que el Ayuntamiento de Zaragoza ha publicado tras la limpieza de dos inmuebles okupados durante años en la ciudad, el edificio de Compromiso de Caspe y el edificio Luis Buñuel. La situación en ambos inmuebles era crítica: la acumulación de desperdicios, enseres y elementos inflamables, y se había detectado la presencia de ratas, por lo que se ordenó las labores municipales por emergencia.
El primer caso se trata del edificio de Compromiso de Caspe, 83, que había sido okupado y fue desalojado tras un siniestro por incendio, está siendo sometido a labores de limpieza por cuestiones de salubridad, unas tareas cuyo coste se elevará finalmente hasta los 80.000 euros, dada la cantidad de enseres, basura y despercidios que se acumulaban. En este caso, y dada la emergencia de la situación, el Consistorio acomete las labores de manera subsidiaria, repercutiendo después los costes en la propiedad del inmueble.
Por otra parte, el antiguo edificio Luis Buñuel, en el barrio de San Pablo, fue desalojado tras una sentencia judicial que decretaba que estaba siendo okupado por un colectivo desde hace años. Su cesión tildada de irregular por la Justicia se produjo de manera negligente por el gobierno de Zaragoza en Común. Coincide que la asociación que okupaba el inmueble de propiedad municipal fue una entidad fundada por el exalcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, quién determinó la cesión del espacio que fue tildada de irregular.
Una vez finalizado el plazo que se dio a las entidades que lo ocupaban para retirar los enseres o materiales que allí conservaban, está siendo sometido estas semanas a labores de limpieza, desinfección y desratización de las dependencias y costará a las arcas municipales cerca de 70.000 euros. En este caso, se constató la acumulación de desperdicios, enseres y elementos inflamables, y se había detectado la presencia de ratas, por lo que se ordenó las labores municipales por emergencia.
En ambos casos, las tareas se acometen tras las inspecciones pertinentes del Instituto Municipal de Salud Pública, en las que se han señalado y detectado importantes condiciones de insalubridad y peligro de plagas.