Viernes, 24 de Septiembre de 2021

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este lunes una moción para solicitar al Consejo de Ministros la declaración de la capital aragonesa como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil (zona catastrófica) por el impacto del COVID-19 en la ciudad.

Desde el inicio de la pandemia, la ciudad ha necesitado ayuda económica del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón, en manos de Pedro Sánchez y Javier Lambán, respectivamente. Sin embargo, nunca se ha realizado ninguna ayuda. Ni un euro ha recibido la ciudad tras meses de crisis sanitaria con severas restricciones económicas al tejido productivo de la ciudad.


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La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del Gobierno PP-Cs y los dos concejales de Vox, mientras ZEC se ha abstenido y PSOE y Podemos han votado en contra entre acusaciones de insolidaridad y de “jugar con el dolor de las personas”.

En defensa de la moción, la popular María Navarro ha destacado que Zaragoza es la única gran capital de España que ha sido gravemente afectada por las tres principales olas de la pandemia hasta ahora, incluido un rebrote “muy significativo” en el mes de julio.

Ello, ha continuado, ha dejado un impacto de pérdida de hasta el 27 por ciento en algunos sectores, con más de 30.000 familias afectadas. En el texto, populares y Cs solicitan también que se apliquen todas las medidas de recuperación favorables que contempla la declaración de zona catastrófica.

En esa misma línea, reclaman a los gobiernos central y autonómico medidas “específicas” y “exclusivas” a la capital aragonesa. Un último punto de la moción reconoce el carácter estratégico de los sectores de la hostelería, el turismo y el comercio por su valor social, económico, cultural e histórico.


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En representación de Cs, la vicealcaldesa, Sara Fernández, ha reiterado que Zaragoza ha soportado “más olas que nadie” y “más incidencia que nadie”, con lo que los sectores económicos han sido más afectados que en el resto de ciudades españolas y europeas.

De igual forma, ha lamentado que una declaración similar fuera aprobada en Granada y que no haya sido posible en Zaragoza “con cifras mucho peores“, lo que ha achacado a que en Aragón gobierna el PSOE y en Andalucía, PP-Cs, y, por tanto, “no quieren defender los intereses de los zaragozanos” en las instituciones donde gobiernan.

EL RECHAZO DE LA IZQUIERDA

En la línea del resto de los grupos de la izquierda, la socialista Lola Ranera ha recordado que el Gobierno PP-Cs ha decidido destinar los 40 millones de su remanente a pagar a dos de sus principales contratas, en lugar de aprobar ayudas directas para los sectores más afectados por COVID-19.

Por último, ha instado a PP y Cs a que, “si verdaderamente no van a jugar con el dolor”, bonifiquen un 75 por ciento el IBI, un 90 por ciento las tasas de aguas, basuras, veladores y de reservas de espacio, además de las ayudas directas, porque tienen el gobierno, los presupuestos y la mayoría de votos con VOX.

En respuesta, la vicealcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha bonificado las tasas de veladores, agua o basuras, que ha ampliado las terrazas utilizando plazas de aparcamiento o que ha desarrollado de cara a la Navidad la campaña “Volveremos si tú vuelves” para promover las compras en el pequeño comercio, que ha supuesto “un éxito sin precedentes”


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Aunque se encuentren un euro por la calle son incapaces de dárselo a un hostelero“, ha exclamado el concejal de Zaragoza en Común Alberto Cubero, quien ha acusado al equipo de gobierno de no dejar “ni propina” en los bares.

De moción “cínica” e “hipócrita” ha calificado la iniciativa el portavoz municipal de Podemos, Fernando Rivarés, quien ha afeado a populares y naranjas por votar en contra de cuestiones prácticas como las ayudas directas y luego traer un texto que es “estrictamente simbólico”.

Julio Calvo, de VOX, ha sostenido que la moción es “pertinente” porque los datos objetivos indican que Zaragoza ha sido una ce las ciudades más afectadas por la pandemia y que las “drásticas” medidas adoptadas han dejado a algunos sectores a una situación de “precariedad absoluta”.

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