Miércoles, 17 de Agosto de 2022

Aragón estuvo en las portadas nacionales en verano después de que se dispararan los contagios en las zonas frutícolas de la comunidad y éstas se convirtieran en el principal foco de todo el país. A pesar de que aún faltan meses, el Gobierno de Aragón y las comarcas frutícolas  han establecido una serie de medidas para que no vuelva a ocurrir.


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El objetivo es que haya “máxima coordinación” entre las administraciones en la próxima campaña de recogida. El contenido de la orden previsiblemente se publicará la próxima semana, y obligará a los empleadores a presentar una previsión de contratación de trabajadores temporales a través de una declaración responsable, al tiempo que se comprometen a velar por las adecuadas condiciones de alojamientos y de transporte de sus trabajadores desplazados.

También los empleados, como sucede en el resto de actividades económicas cuando se producen situaciones de confinamiento perimetral, deberán portar una declaración responsable para poder desplazarse, proporcionada por el empleador.

“Esta orden tiene un objetivo esencialmente preventivo” ha destacado el consejero Olona, quien ha insistido en que “se trata de evitar lo que sucedió el año pasado dado que todavía estamos en febrero y el grueso de la campaña se concentra en los meses de julio y agosto”. “La orden nos sirve como marco jurídico para incidir en la prevención y en la idea de que no lleguen más trabajadores de los que se les puede garantizar un contrato de trabajo y un alojamiento”.


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Gobierno y comarcas coinciden, además, en la necesaria asistencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que el cumplimento de la orden sea efectivo. Asimismo, el consejero Olona recibirá a las organizaciones agrarias y cooperativas en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con el mismo propósito de despejar cualquier duda sobre el contenido de la orden.

El sector de la fruta en Aragón genera 134,2 millones al año, lo que representa el 7,6% de la producción final agraria y supone el 0,3 del PIB de la Comunidad.

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