El Ayuntamiento de Zaragoza está cerca de batir todos los récords de perdidas millonarias por la falta de ingresos derivadas del frenazo económico por la pandemia del COVID-19. Si la situación económica de las cuentas municipales rozaban la tragedia -e incluso la ruina-, sus cifras arrojan la mayor deuda pública de las grandes capitales de España.

La deuda pública del Ayuntamiento heredada por el Gobierno municipal de PP-Cs, que gobiernan en coalición el consistorio desde hace casi un año, rozaba un límite de endeudamiento de 109,74% en junio de 2019. Lo que colocaba a la ciudad como la peor gestionada financieramente de todo el país, de las grandes capitales.


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Este extremo de la deuda propiciaba que el Ayuntamiento tuviera una compleja capacidad – casi nula- para endeudarse o solicitar prestamos bancarios a largo plazo para darle oxigeno a las cuentas de la ciudad.

El único alivio económico, en un año de gestión del área de Hacienda liderada por la popular María Navarro, fue la amortización de la deuda del tranvía de 62 millones de euros. Un logro económico que propició una bajada del ratio de endeudamiento en una deuda que alcanzaba los 830 millones de euros tras la salida de Zaragoza en Común del gobierno.

Por todo ello, el consistorio zaragozano ultima con entidades financieras una operación de tesorería para acceder a entre 25 y 30 millones de euros que es «muy posible» que no sea capaz de amortizar este año 2020 y, en consecuencia, eleve el ratio de endeudamiento y reduzca el importe máximo de préstamos a largo plazo que puede suscribir de más de 80 a 58,65 millones de euros, ha señalado la consejera de Hacienda, María Navarro, en rueda de prensa.

UNA SITUACIÓN CRÍTICA

Del mismo modo, ha ofrecido una foto fija del estado de las arcas municipales a fecha de 30 de abril, que ha calificado como «muy preocupante» ya que la pérdida de ingresos se situaría entre los 56 millones de euros en el escenario más optimista -en el que ya «no estamos», según Navarro- a los 112 en el más pesimista. Lo más razonable, según fuentes municipales, sitúa la merma de ingresos en más de 90 millones.

Estas cifras proceden de un «exhaustivo» informe que ha elaborado su área recopilando todos los datos del impacto económico de la COVID-19 en la ciudad y ha enviado a todos los grupos políticos y entidades que participan en la Comisión para el Futuro de Zaragoza para que sus propuestas sean «realistas».

Además de la «debacle» de la disminución de ingresos por el menor uso del transporte público -estimada en 17 millones de euros para todo el año-, destaca una menor recaudación en figuras tributarias como la plusvalía -de 5 a 16 millones menos-, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) -de 1,3 a 4,2 millones menos- o del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) -de 530.000 a 3 millones menos-.

A ello hay que sumar una menor percepción de los impuestos estatales, las tasas municipales o las multas, por las que el Ayuntamiento dejará de recibir entre 4,1 y 6,6 millones de euros este año, según este informe.

SIN MARGEN

En cuanto a los gastos, Navarro ha asegurado que, de los 801 millones de euros consignados en el presupuesto de 2020, solo quedan disponibles 192 si se descuenta todo el gasto que no es «voluntario» -personal, bienes y servicios, pago de intereses o amortizaciones-.

«El margen de maniobra es muy escaso», por lo que conociendo este punto de partida «no podemos pretender imposibles» y habrá que priorizar partidas, para lo que ya ha pedido a las distintas áreas de gobierno una lista de los gastos que consideran imprescindibles.

La consejera ha afirmado que le gustaría tener una economía más saneada para poder ayudar de manera directa a todos aquellos que lo necesiten, pero ha dejado claro que el Gobierno municipal hará «todo lo que pueda hacer».


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En ese sentido, sí ha adelantado que todo las propuestas relativas a bonificaciones o exenciones fiscales se trasladarán de esa comisión al debate de las ordenanzas fiscales de 2021, en las que ya están trabajando.

Navarro ha reiterado también que las entidades locales juegan con desventaja con respecto a las comunidades autónomas ya que, por ejemplo, si el Ayuntamiento de Zaragoza se tiene que endeudar ahora por 30 millones para afrontar sus pagos es porque el Estado «no ha tenido a bien» adelantarles sus transferencias como a las autonomías.