El Gobierno de Aragón que gestiona el socialista Javier Lambán quiere conocer toda la información sobre la operación de la ‘Nueva Romareda‘ que ha emprendido el Ayuntamiento de Zaragoza. En este sentido, el Ejecutivo aragonés ha iniciado un procedimiento jurídico que en caso de no ser correspondido por el consistorio zaragozano terminaría en un contencioso administrativo que frenaría la construcción del nuevo campo de fútbol.

Esto se enmarca en un momento crítico para el nuevo estadio, tras la licitación abierta y pública para la construcción y explotación de la nueva Romareda, a la que los actuales propietarios del Real Zaragoza, los inversores americanos con Jorge Mas a la cabeza, quieren concurrir para su gestión. De hecho, fuentes del club aseguran que el Real Zaragoza quiere presentar su proyecto de estadio a la ciudad y a los aficionados el día 10 de mayo.

Sobre el escrito remitido al Ayuntamiento, se advierte que una licitación de este empaque debe ser revisada y autorizada previamente por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno aragonés. Por ello, el gobierno municipal de Jorge Azcón tiene un plazo de 20 días para hacerle llegar toda la información pertinente al Ejecutivo de Lambán sobre la operación de la ‘nueva Romareda’.

El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá, a su vez, que contestar a otro requerimiento enviado por el Consejo Provincial de Urbanismo sobre el cambio «sustancial» de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adaptar los usos de la futura nueva Romareda. En este requerimiento, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un mes para responder y, en caso de no hacerlo, el Ejecutivo de Lambán podría recurrir a la vía judicial.

Estas dudas jurídicas no son la primera vez que las expone el Gobierno de Aragón, pero sí que las hace mediante un procedimiento jurídico en cuál tiene el Ayuntamiento la obligación de contestar para no tener consecuencias negativas por la vía judicial. Esta situación emprendida por el Gobierno aragonés supone un freno para los plazos abiertos sobre la nueva Romareda, especialmente la presentación del nuevo proyecto de estadio que debe estar antes del 12 de mayo para concurrir a la opción de ser subsede del mundial 2030 España, Portugal y Marruecos. Fuentes del Gobierno aragonés aseguran que «de ninguna manera» se propondrá un recurso judicial vía contencioso administrativo antes de las elecciones del 28 de mayo.

LAS DUDAS JURÍDICAS DE LA ‘NUEVA ROMAREDA’

El primer requerimiento enviado por el Ejecutivo de Lambán se sustenta en el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales, el cual establece que en caso de enajenación de bienes inmuebles, «deberá incorporarse la autorización o toma de conocimiento del departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales con carácter previo a la publicidad de la licitación». Y sobre el derecho de superficie del que disfrutaría el futuro arrendatario del estadio, siendo el modelo que más satisface al Real Zaragoza, es «un derecho real limitativo del dominio» público «equiparable a los actos de enajenación». 

En caso de que en los 20 días hábiles el Ayuntamiento no remita la información que le ha exigido el Gobierno aragonés, el procedimiento habitual será un contencioso administrativo. El gobierno aragonés remarca, a preguntas de HOY ARAGÓN, que el único compromiso que tiene el Ejecutivo de Lambán es velar por la seguridad jurídica y la legalidad, y en ningún caso poner un freno a la Romareda.

«Este requerimiento busca el entendimiento entre administraciones, realizar los trámites bien para evitar un futuro litigio. De hecho, si el Ayuntamiento hubiese presentado ya el texto refundido del plan general en la sesión celebrada el viernes se podría haber aprobado ya la modificación pretendida», insiste el Gobierno aragonés.