Recientemente, el presidente Lambán aseguró durante el discurso de la entrega del premio al Club Hielo Jaca, que el éxito de este club dista mucho de otros clubes por “no tener que recurrir a inversores extranjeros a los que les importa poco el futuro del deporte aragonés“, en alusión directa al Real Zaragoza y a los inversores. El desprecio de Javier Lambán cayó como un jarro de agua fría para los inversores americanos; y además no es la primera vez que duda del proyecto deportivo del Real Zaragoza de manera pública.

Esta mañana el portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha informado de que ha formalizado ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) los pliegos de la nueva Romareda para que dirima si es legal utilizar la fórmula de derecho de superficie para su construcción y explotación del estadio y los usos terciarios incorporados, cuando a su entender tendía que ser un contrato administrativo.

Rivarés ha explicado que para hacer un contrato privado, como sería el derecho de superficie, el valor estimado de las prestaciones –obras, servicios, gestión de obra o gestión de servicios– no puede exceder el 50 por ciento total del negocio.

Como el valor de la construcción del estadio, según el informe económico del Real Zaragoza que da origen a los pliegos, es de 139 millones, y el valor del derecho de superficie establecido por el Ayuntamiento son 30,8 millones de euros, «se excede por mucho de ese 50 por ciento del precio y no podría tramitarse como un contrato privado, sino como un contrato administrativo».

En rueda de prensa, Rivarés ha precisado que no ha pedido medidas cautelares al TACPA, «que las hubiera concedido de inmediato», para evitar la paralización de los pliegos y que no se llegue a tiempo para el Mundial de Fútbol 2030.

El segundo motivo de acudir al TACPA es considerar que se está «ante un verdadero contrato de concesión de obra» ya que existe una construcción del estadio, una explotación del mismo y el riesgo de la operación es para el adjudicatario, que son los tres elementos típicos del contrato de gestión de obra recogidos en el artículo 14 de la Ley de Contratos. Esto, a juicio de Rivarés, es «especialmente relevante», ya que ha estimado que el órgano de contratación –el Gobierno de la ciudad– ha optado por una figura aparentemente de derecho privado con el fin de saltarse los plazos legales y ampliar el máximo de 40 años a 75, «con la única finalidad de que el adjudicatario obtenga un rendimiento económico mayor que el que la ley le permitiría».

Para Rivarés, de considerarse su pretensión, significaría que el Gobierno de la ciudad «retuerce la norma, haciéndole perder a la ciudad los ingresos de explotar el campo durante 35 años, que según el estudio de viabilidad del Real Zaragoza se estiman en 514,5 millones de euros».

COMPROMISO

Rivarés ha sostenido que la responsabilidad de Podemos con la candidatura al Mundial de Fútbol 2030 «contrasta con la irresponsabilidad» del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y del consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, «que en el mes de septiembre no quisieron convocar un concurso público para elaborar el anteproyecto de campo».

El portavoz de la formación morada ha indicado que, si tanto el alcalde de Zaragoza, como el consejero municipal de Urbanismo hubiesen actuado con la diligencia normal en estos procesos, «hoy habría un anteproyecto público de estadio y la semana que viene –en concreto el 12 de mayo– se hubiera podido entregar a la Federación, en vez de hacer pasar como propuesta de la ciudad lo que sólo es parte de una oferta sobre la que el Ayuntamiento no puede pronunciarse de manera legal».

Ante estas declaraciones y las manifestadas por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en las que ha asegurado que si no se alcanza el objetivo de convertir Zaragoza en sede del Mundial de Fútbol 2030, sería culpa de Azcón, fuentes municipales han declarado que “toda la ciudadanía sabe que es falso” y ha reprochado a Lambán que “lo plantee como hipótesis, en vez de trabajar para que la capital de Aragón sea sede del Mundial”, lo cual, a juicio de Víctor Serrano “delata las intenciones de Lambán, que no son otras que seguir torpedeando hasta el final el nuevo campo de fútbol”.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano ha afirmado que “Ni la modificación del PGOU necesita un permiso por parte de alguien que no sea el propio Ayuntamiento, ni la cesión del derecho de superficie a cambio de un canon en el que el Ayuntamiento percibirá la totalidad de los 30 millones que salen a licitación por el suelo de La Romareda obedece de ningún vicio de alegalidad”, además de calificar esos argumentos de “mentira”.

“Es una pena la instrumentalización que, por parte del PSOE, Podemos y CHA, se está haciendo de las instituciones para atacar el mejor proyecto de campo de fútbol que ha existido en la ciudad de Zaragoza, para atacar a los inversores que quieren que el Real Zaragoza vuelva a la élite del fútbol español y para atacar la posibilidad de que Zaragoza y, por ende Aragón, sea sede del Mundial 2030”, ha lamentado Víctor Serrano.