Las Rebajas de enero ya no tienen el punch que tenían antaño y dejan entrever que la forma de comprar de los consumidores está cambiando. Según la información de Consumo del Gobierno de Aragón, que ha inspeccionado casi 1.000 comercios de la Comunidad durante estas fechas, sólo un 67% de los establecimientos tenía colgado el cartel de Rebajas.
Por su parte, en un 14,24% de los comercios inspeccionados se anuncian otro tipo de promociones y un 19,27% no ofrece oferta alguna. Nuevas ofertas como las campañas de Black Friday, así como las promociones que se ofrecen a lo largo del año, como en el caso de Zaragoza la de ‘Volveremos’, unido al incremento de las ventas online, hace que las Rebajas no sean tan masivas.
En todo caso, los comercios aragoneses siguen, en su gran mayoría, la normativa y realizan la campaña de forma correcta. De los 607 establecimientos que colgaban el cartel de Rebajas, en el 92,26% de los casos aparece bien detallado el precio anterior y el actual rebajado.
El director general de Protección de Consumidores y Usuarios, Pablo Martínez, recuerda que se recomienda la información numérica del precio, antes que el porcentaje, al entenderse que es más transparente. Así, en el 88,04% de los establecimientos que muestran el doble precio y se visualiza el valor numérico sin necesidad de recurrir a un cálculo, ha apuntado.
Uno de los aspectos que suele pasar desapercibido al ciudadano es el que hace referencia a la duración del periodo de rebajas, recogido en la normativa. El 65,40% de los establecimientos cumple con este precepto.
LOS CONSUMIDORES TIENEN LOS MISMOS DERECHOS
“Los derechos de los consumidores no se ven mermados por las rebajas”, asegura Pablo Martínez antes de explicar que “este año, las rebajas se han visto beneficiadas por la entrada en vigor de algunos cambios normativos, como la ampliación de la garantía de 2 a 3 años en todos los productos adquiridos a partir del 1 de enero, de ahí la importancia de guardar los tickets de compra”.
Los establecimientos deben informar de la dirección postal, teléfono y email a los que los ciudadanos pueden dirigirse para hacer consultas o presentar quejas o reclamaciones, y estas deben ser contestadas en el plazo máximo de un mes. Esto se suma a las hojas de reclamaciones que deben estar a disposición de los usuarios.