La Comisión para el Futuro de Zaragoza ha celebrado este martes su primera reunión temática, sobre hacienda, en la que no se han debatido propuestas individuales «de una en una» pero sí que hay propuestas ya denegadas, como las que implican subir impuestos.
«No es momento» de subir impuestos, ha recalcado en rueda de prensa la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, quien ha atribuido la propuesta a «algún grupo político», sin citarlo expresamente.
Sin embargo, ha agradecido el tono y la actitud «proactiva» y «constructiva» de los participantes en la comisión que tratará de acordar las medidas para que la capital aragonesa salga de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 -grupos municipales, sindicatos, patronal y entidades vecinales-, así como al resto de entidades que han enviado 166 propuestas por vía telemática.
Además, en la sesión de este martes han coincidido en que hay que contar con Europa, en que la colaboración con otras instituciones -principalmente la DGA- es fundamental y en la necesidad de inyectar liquidez a las empresas, ya que los créditos ICO del Gobierno de España «no son suficientes» al dejar fuera, por ejemplo, al 45 por ciento de los empresarios de la ciudad por registrar pérdidas en 2019.
LA SALIDA DE LA CRISIS
Fernández ha apostado también por la necesidad de detectar qué sectores son los más afectados y por adaptar cualquier medida a la realidad de cada empresa, es decir, centrarse en las compañías en riesgo y que, a la vez, tengan viabilidad de cara al futuro.
Por su parte, la responsable municipal de Hacienda, María Navarro, se ha mostrado «contenta» tras la sesión porque cree que finalmente los participantes han bajado «al suelo» y son conscientes de que «no vale pedir imposibles».
Asimismo, ha incidido en la necesaria colaboración con otras administraciones, ya que el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que afrontar esta crisis sanitaria y económica «a pulmón» y ello le ha obligado a recurrir a una operación de tesorería para recabar entre 25 y 30 millones de euros en los próximos días.
Ha recordado también que buena parte de las medidas, en referencia al aplazamiento de impuestos o la bonificación de tasas municipales, ya se tomaron desde la declaración del estado de alarma, y se ha comprometido a estudiar cualquier propuesta al respecto de cara a las ordenanzas fiscales de 2019.
Las medidas, además, deberán ir centradas en los sectores económicos más vulnerables: hostelería, autónomos, pequeño comercio y microempresas que no han podido acceder al ICO y que atraviesan una situación «dramática».
Una vez más, Navarro ha rebajado las expectativas con respecto a la posibilidad de que se aprueben ayudas directas, que en cualquier caso deberán ir en consonancia con otras administraciones y que el propio Gobierno de Aragón ha rechazado.
Sí que ha considerado «interesante», no obstante, estudiar la fórmula de los préstamos participativos, que los agentes sociales ya han planteado al Gobierno autonómico, dado que sería «mucho más ventajoso» para las empresas que unas ayudas directas con una cuantía insuficiente que no asegurarían la viabilidad.