El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley para reducir los trámites y plazos urbanísticos a las empresas, especialmente a las quieran instalarse en las cuencas mineras, ante las situación de excepcionalidad del entorno por el cierre de la central térmica de Andorra.
La consejera de Economía, Marta Gastón, aclara que el objetivo es dar respuesta a los proyectos empresariales interesados en instalarse en la zona, algunos ya conocidos y otros a la espera de que sus promotores los hagan públicos, en la búsqueda de la alternativas económicas para las comarcas minaras.
El decreto ley, que entrará en vigor una vez publicado y tendrá que ser convalidado por las Cortes en el plazo de un mes, persigue que los trámites burocráticos sean lo más ágiles posibles, que es lo que demandan quienes quieren promover distintos proyectos empresariales.
Aragón ya cuenta como herramienta con la declaración de proyectos de interés autonómico para reducir prácticamente a la mitad los plazos administrativos, y este decreto ley permite que vaya acompañada de la declaración de interés general en el ámbito urbanístico para agilizar los procesos en esa área a los proyectos que la requieran.
El propósito es que los proyectos «se lleven ambas simplificaciones en el mismo pack», resume Gastón, quien confía en contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para su convalidación y en que sirva de «efecto llamada» para la instalación de empresas.