La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón ha trasladado al Parlamento Europeo su rechazo a la unión de estaciones de esquí de Astún y Formigal por Canal Roya. En una nota de prensa, han calificado de «lamentable que ante las numerosas dudas y el enorme rechazo social que está provocando el proyecto de la unión de estaciones de esquí que destruye Canal Roya la respuesta de una parte del Gobierno de Aragón sea acelerar el proceso para tratar de alcanzar los hechos consumados y que no sea posible la vuelta atrás».
«En una sociedad democrática ante semejante rechazo social y técnico lo oportuno sería reflexionar sobre lo acertado de este proyecto», principalmente tras la declaración de este proyecto de interés autonómico en el consejo de Gobierno convocado de forma urgente y extraordinaria. La citada declaración fue aprobada por asentimiento de los cuatro partidos que conforman el Ejecutivo de Lambán, tanto PSOE, Podemos, PAR y Chunta Aragonesista.
Para la plataforma, es «una irregularidad manifiesta» que el Gobierno de Aragón haya dado el visto bueno a la unión de estaciones a partir de un informe del Departamento de Economía, a pesar de que la Consejería de Vertebración del Territorio se haya opuesto en un informe preceptivo
La Plataforma y el G5 –Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y SeoBirdLife– están visitando el Parlamento Europeo para reunirse con eurodiputados, grupos europeos y las Comisarías correspondientes. Ya se han entrevistado con eurodiputadas del Grupo Liberal y del Grupo Socialista. Han transmitido al equipo de la eurodiputada Soraya Rodríguez la «preocupación» por el impacto del proyecto, constatando que «incumple los preceptos establecidos por Europa para asignarle fondos Next Generation».
Han afirmado que el proyecto causará «estragos» en el valle glaciar, incumple el principio de transparencia y consulta, y no colabora en la lucha contra el cambio climático por el uso inmoderado de energía para fabricar nieve. «El equipo de Soraya Rodríguez se ha comprometido a trasladar el conflicto al conjunto del Grupo Liberal europeo», han comentado.
Con la eurodiputada socialista Isabel García Muñoz han compartido «la alarma generada en el Alto Aragón y en otros lugares de la Comunidad por el riesgo de destrucción del valle y la sospecha de que al final habrá que devolver los fondos a Europa». Han manifestado que «no es de justicia que el 82% de los fondos para turismo sostenible en Aragón se hayan desviado a las estaciones de esquí en detrimento de otros proyectos que no han recibido nada».
Aparte de los trámites europeos, el equipo jurídico del G5 está estudiando las posibles acciones legales a realizar tras este paso de la declaración de interés autonómico, ya que es el primer acto administrativo dado y que «abre la puerta a llevar esta aberración a los tribunales para detenerla si una parte del Gobierno de Aragón sigue de espaldas a la sociedad aragonesa».