Miércoles, 31 de Mayo de 2023

La futura unión de estaciones entre Astún y Formigal, uno de los proyectos estratégicos del Ejecutivo de Lambán, se tambalea cada día que pasa. Entre las quejas de organizaciones ecologistas por el impacto medioambiental que supondrá la unión, se suman las dudas de distintas administraciones por el incumplimiento en sostenibilidad y por la brevedad de los plazos. La principal perjudicada de la imposibilidad de realizar la unión de estaciones, una construcción estimada en 35 millones de euros, será la Diputación Provincial de Huesca que lidera el socialista Miguel Gracia.

Los dos frentes abiertos son el impacto medioambiental y la ejecución de las obras según los plazos exigidos. Esta gran obra que contempla, en una de sus opciones más validas, la construcción 37 pilonas, con 3 estaciones de embarque y desembarque en Astún, Formigal y el valle de Canal Roya. La longitud total de la unión de estaciones es de 4,3 kilómetros y contará con 115 cabinas, cuya ocupación será de 10 personas en cada una, y transportarán a 2.400 personas a la hora. Según esta opción, el valle de Canal Roya que a día de hoy es completamente virgen verá modificado su paisaje.

Este proyecto tiene en su casi totalidad financiación de la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation. Por ello, los plazos estimados por Bruselas apremian a que el proyecto se ejecute antes de 2025. Este compromiso inversor está condicionado por los plazos administrativos que con cada contratiempo provocaría que se retrase hasta el punto de superar el plazo exigido por Europa.

Con ello, según está establecido en los preceptos para acceder a la financiación de los fondos Next Generation, la administración que no cumpla con los plazos de la inversión prevista debería devolver el dinero no ejecutado con intereses superiores a un 4%. Esta situación pone en un brete a la Diputación de Huesca, promotora y principal responsable de este proyecto por decisión unilateral del Ejecutivo de Lambán.

LOS PLAZOS: “IMPOSIBLE” ANTES DE 2024

Fuentes conocedoras de la operación acreditan a HOY ARAGÓN que los técnicos de la institución provincial ya están avisando de que es “imposible” cumplir con los plazos de ejecución antes de 2025. En contexto, el primer paso es la intención de declarar como PIGA (Plan de Interés General Autonómico). Una obligación que ya ha activado la sociedad mercantil Formigal S.A, perteneciente al holding Aramon.

Esta solicitud, que contiene toda la documentación ambiental, se ha presentado ante la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón que gestiona Chunta Aragonesista, socio de Javier Lambán en el gobierno aragonés. Al mismo tiempo, esta misma documentación se ha presentado ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), el órgano competente para aprobar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

Este procedimiento dura como mínimo un año, y así se ha dado en la gran mayoría de inversiones declaradas de interés autonómico y del volumen que requiere la unión de estaciones. Un plazo que colocaría al proyecto de unión de estaciones en enero o febrero de 2024. Por lo que sólo quedarían once meses aproximadamente para ejecutar una obra compleja en el Pirineo. Las fuentes consultadas indican que “podría llegarse a diciembre de 2023 con el PIGA aprobado pero queda un largo recorrido, y más si se conoce que hay interés en judicializar la unión de estaciones por las dudas de los ecologistas”.

Los conocedores de la operación, y con amplia experiencia en la tramitación de planes similares desde la administración autonómica, confirman que una vez se tenga el PIGA habrá que redactar los proyectos de ejecución de una obra que sólo tiene, a día de hoy, un proyecto básico. “No se puede adelantar nada en el proyecto técnico o de la ejecución de la obra hasta que no se materialice el PIGA”, aclaran. Después convendría hacer la licitación de la obra que debe estar recogida en el boletín del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), lo que supone un plazo de mínimo seis meses. Y después se adjudicaría la obra y habría que ejecutar hasta el 50% antes del fin del plazo otorgado por Bruselas.

Otra complicación añadida a los ajustados plazos marcados son las complicaciones de una obra en pleno Pirineo en una unión de 4,3 kilómetros. Por ejemplo, situaciones viables como el reajuste de la obra en su paso por un barranco que pida la Confederación Hidrográfica o la orografía en la construcción de zonas de evacuación.

En este proceso cada organismo competente y con intereses en el proyecto de unión de estaciones emitirá sus informes preceptivos y vinculantes sobre cómo está siendo la ejecución de la obra. Desde el INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) hasta la Mancomunidad Alto Valle del Aragón.

Una celeridad que, según las fuentes consultadas, “sólo un milagro podría hacer que se cumpliera con los plazos”. El escollo que sí que daría por traste a la inversión de 35 millones del proyecto es la judicialización o la declaración negativa de impacto ambiental. Esto daría por traste la operación y dejaría a la Diputación oscense al borde de la quiebra por las exigencias de devolución el dinero a Europa con intereses.

EL AVISO DE LA DPH: ¿ENTRAR EN QUIEBRA?

El primer informe contra la unión de estaciones llegó, paradójicamente, del propio Gobierno de Aragón que impulsa el proyecto. Desde la Dirección General de Ordenación del Territorio que gestiona Chunta Aragonesista, un partido abiertamente crítico contra la obra, se tildó a la unión de estaciones como preocupante desde el punto de vista paisajístico por su “severo impacto”.

Según una carta remitida por la Diputación oscense al vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, donde se indica que la Dirección General de Turismo advirtió a los ayuntamientos de los incumplimientos de los plazos de estos fondos Next Generation. Esto desató las alarmas de la Diputación de Huesca: ¿si no se logra ejecutar el dinero de Bruselas para la unión de estaciones antes de 2025 cuáles son las consecuencias?

En una entrevista reciente, el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, aseguró que las consecuencias de no liquidar la inversión subvencionada por Europa podría dejar a la institución en quiebra. La devolución de los 35 millones estimados, más un interés del 4% -como mínimo-, para una administración que apenas tiene 90 millones de euros al año ocasionaría una grave dificultad financiera.

Fuentes de la Diputación de Huesca detallan que en ningún caso se quiere ir hacia atrás con el proyecto de la unión de estaciones sino que es un proyecto clave para el futuro de la provincia pero, teniendo en cuenta las consecuencias de no ejecutar la obra, se insiste en pedir una prorroga para los plazos o destinar los fondos de Europa en otros proyectos turísticos. De esta manera, buscar financiación autonómica o una colaboración público-privada para ejecutar la unión de estaciones.

La máxima responsable de Aramón y consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, aseguró esta semana que hay “tiempo de sobra” para ejecutar el proyecto de la unión de estaciones. El Ejecutivo de Lambán, en su parte socialista, considera que la tramitación de la unión de estaciones está en plazo y cumpliendo todos los “hitos” que indica Bruselas.