El presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC) y presidente de la Comisión de Urbanismo, Construcción e Infraestructuras de Cámara Zaragoza, Juan Carlos Bandrés Barrabés y el tesorero del Consejo de Colegios de Arquitectos Técnicos, Rafael Gracia Aldaz, han urgido este viernes a eliminar las trabas burocráticas o normativas que «impiden» su «desarrollo adecuado».

Las propuestas presentadas por el sector de la construcción tienen como finalidad «poner de manifiesto diversas trabas burocráticas o normativas que están impidiendo un desarrollo adecuado de la actividad, con el perjuicio que ello conlleva al interés general y a la ciudadanía, por no hablar de las consecuencias inmediatas en las empresas y trabajadores que ven acrecentado su riesgo de desaparecer».

Así, en primer lugar, han pedido a los políticos que vayan a asumir la responsabilidad de gestionar las Administraciones «que centren sus esfuerzos en el acceso a una vivienda sostenible y
eficiente energéticamente, en todas sus vertientes, desde a la vivienda protegida en propiedad, estableciendo tiempos asumibles de tramitación, fomentando el acceso especialmente de los jóvenes, mediante avales o alquileres con opción de compra».

También han apostado por impulsar el alquiler de vivienda, «pero estableciendo unos parámetros urbanísticos que lo hagan posible y, por supuesto, la rehabilitación, con el fin puesto en lograr un modelo de ciudad moderno y adaptado a las necesidades de la sociedad actual, basada en la profesionalización del sector y el mantenimiento de nuestros edificios mediante la implantación del Libro del Edificio Existente. La imposición local debe fomentar este tipo de viviendas y no penalizarlas, como ocurre ahora».

En segundo lugar, el sector necesita que se establezcan los mecanismos adecuados que permitan la revisión de precios en la contratación pública o medidas alternativas que eviten que los incrementos de costes de los materiales y la energía deban ser asumidos por las empresas, «lo que inevitablemente lleva a licitaciones desiertas y abandono de obras en curso, con el consecuente impacto en el interés público».