Los letrados del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca) han dirigido sendos escritos a la Audiencia de Huesca para pedir que se ponga fecha a la deliberación, votación y fallo de los recursos interpuestos contra la sentencia que ordenó en julio de 2016 la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena.
Ambos representantes legales recuerdan en sus respectivos escritos que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Huesca que ordenó la devolución de las valiosas pinturas se emitió hace casi tres años y que el retraso acumulado en la resolución de los recursos impiden una «tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas».
EN ESPERA
La titular del juzgado oscense que juzgó el caso decidió en mayo del año pasado suspender la ejecución de la sentencia a petición de los letrados de la Generalitat y del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a la espera de la respuesta de la Audiencia al recurso.
El Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Sijena han presentado un recurso en el Tribunal Constitucional contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Huesca de suspender la ejecución de la sentencia que ordenaba la devolución de las valiosas pinturas murales del Monasterio de Sijena.
Así lo ha confirmado a Efe el representante legal del Consistorio de Sijena, Jorge Español, tras registrar en el Constitucional los recursos que instan la revocación de la orden de suspensión del proceso de devolución de las pinturas, depositadas actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).
Ambos recursos cuestionan los argumentos dados por la juez para rechazar la devolución de las pinturas al entender que la paralización del proceso conculca el derecho de las partes a una tutela judicial efectiva que garantice sus derechos.
La magistrada argumentó su decisión en un auto en el que aseguraba que la decisión adoptada era para evitar los graves daños que podrían sufrir las «frágiles» pinturas románicas de Sijena ante la posibilidad de un doble traslado, en caso de ser estimado el recurso y anulada su sentencia.
Un mes después de esta decisión, Gobierno aragonés y Ayuntamiento de Sijena presentaron un recurso en el Tribunal Constitucional contra la decisión de suspensión de la ejecución de la sentencia que ordenaba la devolución de las valiosas pinturas murales del Monasterio de Sijena.
A la espera de la decisión del Constitucional, ambas partes piden a la Audiencia de Huesca que ponga fecha al proceso de deliberación y voto de los recursos que mantienen paralizada la ejecución del proceso de devolución de las pinturas.
CASI TRES AÑOS
En su escrito, el representante del Gobierno aragonés estima que a pesar de que el plazo de resolución de las apelaciones suele situarse en seis meses, el de las pinturas murales de Sijena acumula casi tres años, lo que, a su juicio, supone una «inadmisible» violación del derecho a una tutela judicial efectiva.
En este mismo sentido se pronuncia el letrado de Villanueva de Sijena, Jorge Español, quien achaca la dilación a la «enorme carga» de trabajo que acumula la única sección de la Audiencia de Huesca en materia de asuntos civiles, penales y mercantiles.
Considera, sin embargo, que este tipo de «dilaciones estructurales» lesionan el derecho de las partes a una tutela judicial efectiva «sin dilaciones indebidas», y destaca que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige de los estados asociados la adopción de decisiones definitivas en un plazo razonable.
Por esta razón, el abogado pide que «siempre que las múltiples ocupaciones y excesiva carga de trabajo de esta única sección lo permita, se pase a señalar fecha para deliberación, votación y fallo de los recursos de apelación pendientes».
El pasado mes de noviembre, el presidente de la Audiencia oscense, Santiago Serena, aseguró que los más de dos años de espera para la resolución del recurso que mantiene paralizada la ejecución de la sentencia de las pinturas murales de Sijena se debe a una cuestión de prioridades de su tribunal.
Serena alegó que la Audiencia de Huesca, una de las pocas mixtas existentes en España que resuelven asuntos civiles y penales, obliga a establecer «preferencias» a la hora de resolver las distintas causas y recursos procedentes de los juzgados de instrucción, y que los pleitos civiles no son los prioritarios.