El exgerente de la sociedad Plaza Ricardo García Becerril, responsabiliza al exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés Carlos Esco de llevar a cabo adjudicaciones «a dedo» en el desarrollo urbanístico de la Plataforma Logística de Zaragoza, acusación que éste ha rechazado.

Las manifestaciones de ambos se llevaron a cabo en el transcurso del juicio del caso Plaza en la Audiencia de Zaragoza, el mayor proceso contra la corrupción instruido en Aragón, con un fraude a las arcas públicas cifrado por la Fiscalía Anticorrupción en 147 millones de euros.

García Becerril, que reconoció en las sesiones previas su responsabilidad en los hechos al aceptar una condena de 2 años y 1 día de prisión, se refirió a la «mala relación» que mantuvo con Esco al inicio del desarrollo de la plataforma.

A preguntas del ministerio público, destacó que Esco tenía una gran capacidad de decisión en la sociedad gestora de Plaza y que incluso le «pasaba por encima» para la negociación de asuntos de gestión.

García Becerril, que informó a otro consejero de Plaza de las presuntas acciones ilegales llevadas a cabo por Esco en un correo electrónico denominado «Miserias«, dice que llegó a ser «abroncado» por éste por su «manía» de ahorrar dinero y conseguir rebajas en los presupuestos de obras.

En respuesta a estas acusaciones, Esco, que se enfrenta a penas que suman 7 años y 6 meses de cárcel, calificó de falsas las acusaciones reflejadas en el referido correo «Miserias», entre otras adjudicaciones a dedo o troceado de facturas.

Según explicó, «hay una tergiversación clara de la realidad por el que controla los hechos y, por tanto, los puede amoldar», afirmación que hizo en referencia al correo electrónico que le incrimina que, añadió, es anterior a los casos relatados.

También negó responsabilidad alguna en los cambios de puntuación durante los procesos de contratación en Plaza ya que le «daba igual» quien resultara seleccionada, así como que beneficiara a la empresa de otro de los acusados, Miguel Ángel Floría, en el contrato de revestimiento de edificios.

Durante la vista, también prestó declaración el empresario Agapito Iglesias, el tercero de los acusados que rechazaron acogerse a los acuerdos alcanzados por la Fiscalía Anticorrupción con los veintidós encausados restantes.

Iglesias, que se enfrenta a 6 años de prisión, niega haber favorecido «dádivas» por trabajos en Plaza y ha asegurado que no vio los informes presuntamente falsos para elaborar esos pagos.

También se rechaza haber favorecido un «trato de favor» con las hijas de Ricardo García Becerril al no cobrarles el alquiler por el uso de una nave en Plaza.

Previamente, tanto la fiscalía como las acusaciones particulares en representación de la sociedad Plaza y del Gobierno aragonés han rechazado las cuestiones previas planteadas por los tres acusados que permanecen en el banquillo para eludir su presunta responsabilidad.

¿PRESCRITOS?

En relación a la petición de prescripción de los hechos planteada por los letrados de Esco y Floría, el fiscal destaca que el carácter de los delitos como «continuados» hace que puedan considerarse como prescritos, de acuerdo a jurisprudencia del Tribunal Supremo.

También se rechaza la supuesta vulneración del derecho de Agapito Iglesias a un juicio imparcial ya que la recusación dirigida por su letrado contra uno de los miembros del tribunal ya fue resuelta previamente.

Otros de los acusados que alcanzaron acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción optó por acogerse a su derecho a no declarar. El juicio se reanuda en el día de hoy con la continuación del interrogatorio a Carlos Esco por parte de las defensas.