Es un nuevo varapalo jurídico a la gestión del Gobierno de Zaragoza. Esta vez va directo a la gestión, y decisión última, del concejal de Economía Fernando Rivarés.

Los informes del interventor y el secretario del Ayuntamiento de Zaragoza, dos de los operadores jurídicos con mayor relevancia,  dejan sin efecto un decreto firmado por Fernando Rivarés de hace pocos días. El concejal de ZEC pretendía transferir dinero a las sociedades municipales, que habían sido frenados por la mayoría del pleno municipal, tras el ‘golpe’ en las sociedades de ZEC.

Un golpe que, principalmente, disminuye la representación de toda la oposición para que ZEC gobierne unilateralmente las empresas municipales.


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El secretario del Ayuntamiento asevera que Rivarés no solicitó ningún informe preceptivo a la intervención general, que es quien tiene el control interno de la gestión económica y financiera.

Y, también, aclara que la propuesta aprobada por la mayoría del pleno -todos los partidos excepto ZEC-, para declarar no disponibles los créditos del presupuesto para las sociedades durante tres meses prorrogables, es competencia exclusiva del pleno.


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Añade que la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde «al Pleno» y coincide en su informe con otro de la asesoría jurídica en que para impugnar la moción del 2 de marzo se podía recurrir a tres vías.

Una administrativa, que no se llevó a cabo; otra jurisdiccional, que se produjo en tiempo y forma pero que finalmente fue retirada, y la revisión de oficio que regula la Ley de Procedimiento Administrativo Común y que tampoco se ha utilizado pero que, de haberse planteado, sería el propio Pleno el órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento.

Así, el secretario no considera «ajustada a derecho la anulación o revocación» por decreto del consejero Rivarés de la citada moción que impedía la transferencia de dinero a las sociedades municipales ya que es un «acuerdo plenario que se presume valido y eficaz».

Y tampoco cree adecuado que no se hubiera pedido a la Intervención un informe preceptivo sobre el expediente incoado por el Pleno, por lo que concluye que la situación actual, después de que el pasado viernes los grupos de la oposición (PP, PSOE, Cs y CHA) aprobaran una moción en la que reprobaron a Rivarés y volvían a declarar no disponibles los créditos para las sociedades municipales, vuelve a ser «prácticamente la misma que antes de que se dictase el decreto».

Una conclusión que coincide con la emitida por el interventor en otro informe, en el que además de señalar que no se le ha trasladado el Decreto firmado por Rivarés, este «queda sin objeto» al haber sido aprobada la citada moción en el pleno del pasado viernes, 1 de junio.