El exconseller de Cultura de la Generalitat Santi Vila ha asegurado hoy que su negativa a devolver a Aragón los bienes del Monasterio de Sijena depositados en el Museo de Lérida le planteó un «conflicto» entre las leyes catalanas y las resolución judicial que le apercibía a entregarlos.

Vila ha hecho estas manifestaciones a los medios de comunicación tras comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Huesca como investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y desobediencia, los mismos imputados a su sucesor en el cargo, Lluis Puig, huido de la justicia española.


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El exresponsable político, que ha respondido a las preguntas de su abogado, del fiscal y del juez pero no a las del representante legal del Ayuntamiento de Sijena, ha asegurado «asumir responsablemente» las decisiones que adoptó, aunque ha lamentado no haber conseguido un acuerdo de gestión con Aragón.

Según ha explicado, el acuerdo político, al que se opuso en Cataluña ERC, no fue alcanzado, «y lamentablemente la vía judicial es la que se ha ido imponiendo«.

LA LEY CATALANA O LA JUSTICIA

Ha insistido en que la voluntad de su departamento era cumplir con las resoluciones judiciales, pero ha añadido a renglón seguido que las leyes de Patrimonio y de Museos de Cataluña son para los consejeros de Cultura de carácter «imperativo y vinculante«.

En cualquier caso, ha admitido que volvería a tomar las mismas decisiones, ya que «cualquier consejero de Cultura se vería en la obligación de hacerlo».

Los bienes de Sijena, expuestos en el Real Monasterio de la localidad oscense / HOY ARAGÓN

«Estas decisiones -ha añadido- no eran discrecionales, y yo podía haber prevaricado si arbitrariamente hubiera actuado en el sentido contrario», en alusión a su «vinculación» a la legislación catalana de patrimonio.

Vila ha admitido que el litigio de Sijena ha sido una cuestión «muy instrumentalizada» políticamente, pero también «muy sentimentalizada y muy emocional» para Aragón y para Cataluña, y se ha mostrado convencido de que «en un país tan moderno y avanzado como es España, debería eludirse siempre que las cuestiones delicadas acaben en los tribunales».

En respuesta a una pregunta en relación a si era consciente de que al cumplir con leyes de Cataluña desobedecía las españolas, el exconseller se ha limitado a afirmar que «creía» que «si no ha pasado algo en las últimas horas, la legislación catalana es legislación española«.

SIJENA INSISTE EN SU CULPABILIDAD

Por su parte, el representante legal del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español, ha asegurado que las manifestaciones exculpatorias de Vila «no se sostienen en pie«, ya que el Tribunal Constitucional y la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo dictaminaron que la competencia que prevalecía era la sentencia que ordenó la devolución de los bienes.

A su juicio, Vila, para quien no ha pedido medidas cautelares al no conllevar los delitos imputados penas de prisión, «ha desobedecido implícitamente a estos dos altos tribunales, que son los que dijeron que ante el conflicto planteado, el órgano competente era el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Huesca».

Español se ha mostrado convencido de que la instructora del caso abrirá juicio oral contra Vila y Puig en un plazo máximo de 5 a 6 meses por la presunta desobediencia, un delito de omisión de conducta, ha añadido, en el que «poco hay que investigar».


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Ha rechazado, además, vincular el incumplimiento de los requerimientos al contexto político existente en Cataluña, una cuestión, ha resaltado, que «la juez le ha dejado claro».

«Ha desobedecido, claramente y de forma rebelde, las distintas resoluciones de la juez de Huesca que le obligaban a devolver los bienes, adoptadas, incluso, bajo el paraguas de sentencias del Constitucional y del Supremo, que han dejado muy claro a la Generalitat quien daba las órdenes», ha subrayado.