La Agencia Tributaria ha iniciado este martes una operación contra el fraude fiscal en el sector del calzado, que ha supuesto el inicio de inspecciones a 74 sociedades y 29 personas físicas -socios, administradores y familiares- en ocho comunidades autónomas, entre ellas Aragón.
Según ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado, la operación afecta especialmente a fabricantes de calzado y, en menor medida, a minoristas.
En la comunidad aragonesa se está investigando una presunta ‘caja B’ de las empresas Isarus, Sladan y Sucesores de Victorian Vicente. La actuación de los inspectores en la comarca para localizar los documentos que prueben los delitos fiscales ha tenido una fuerte contestación de la población.
Centenares de personas han acudido en masa para protestar por la decisión investigadora de Hacienda en un momento complicado para el sector del calzado en la comarca del Aranda, y dos días después de una masiva movilización ciudadana para pedir más apoyo al sector en la zona.
La operación, denominada «Scarpe II», se produce después de que unas investigaciones previas constataran que no había correspondencia entre la cifra de negocios declarada de estas sociedades, que asciende a 240 millones de euros, y las entradas registradas en sus cuentas bancarias.
Estas investigaciones pusieron de manifiesto que la mayor parte de las sociedades ahora investigadas «estaban realizando ventas en ‘B’ a otras empresas».
Con esta operación, que se prolongará en los próximos meses, la Agencia Tributaria pretende acceder a la información contable e informática para confirmar y cuantificar la actividad no declarada, así como detectar posibles programas de ocultación de ventas.
También se investigará a personas del entorno familiar de estas sociedades cuyos «signos externos de riqueza» no se corresponden con las rentas declaradas y que en algunos casos cuentan con cajas de seguridad en entidades financieras que serán precintadas.
La Agencia Tributaria ha realizado doce inspecciones en Aragón, principalmente en las poblaciones de Illueca y Brea, diez en la Comunidad Valenciana, ocho en La Rioja, cuatro en Castilla-La Mancha, tres en Canarias, dos en Asturias, una en Galicia y otra en Andalucía.
La operación ha contado con la participación de 157 inspectores, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática, con el apoyo de agentes policiales y Vigilancia Aduanera.
Esta es la segunda vez que la Agencia investiga al sector del calzado tras la operación «Scarpe» de 2014, ante la conveniencia de revisar el comportamiento tributario en sectores que han tenido problemas de cumplimiento fiscal.