El presidente del tribunal que juzgará al antisistema Rodrigo Lanza Huidobro por el presunto asesinato por odio de Víctor Laínez en un bar de Zaragoza al que acudió con unos tirantes con la bandera española ha rechazado la recusación de la defensa contra los peritos psicólogos y forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) que le entrevistaron.
En un auto hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), el magistrado descarta los argumentos de la defensa al afirmar que una de las dos psicólogas, Cristina Andreu, que entrevistó al acusado mantuviera una actitud «inquisitorial y hostil» contra su cliente y cuestionaran sus respuestas.
En una vista celebrada la semana pasada en torno a estas recusaciones, el letrado alegó, relata el juez en su auto, que la segunda psicóloga aceptó la supuesta actitud de su compañera al referirse a cuestiones como los «pelos y pintas» del acusado, situación que habría favorecido una situación de «injusticia y humillación» respecto a su cliente.
También responsabilizó a la referida psicóloga de publicar comentarios respecto al caso en su cuenta de Twitter y de escribir artículos en HOY ARAGÓN de contenido político, y amplió la recusación tanto a su compañera como a las dos forenses que se entrevistaron posteriormente con su cliente y, por extensión, al IMLA.
En dicha vista, la segunda psicóloga negó que se hubieran realizado comentarios sarcásticos o preguntas inoportunas, mientras que las dos forenses coincidieron en defender su objetividad y neutralidad.
En su auto, el magistrado presidente del tribunal del jurado que enjuiciará a Lanza desestima todos los argumentos de la defensa y recuerda que en el momento de debatirse los informes, ya durante la vista oral, se podrán someter a contradicción y cuestionar la imparcialidad de las peritos.
Sostiene, además, que estas peritos no incurren en las causas de recusación previstas de parentesco, interés directo o indirecto en el caso y amistad o enemistad con el acusado.
También rechaza que se violara el derecho a la intimidad del acusado al estar esposado y con vigilancia policial durante las entrevistas, dado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite adoptar medidas de prevención y seguridad.
En cuanto a las publicaciones hechas por una de las psicólogas de contenido político, el juez advierte que la Constitución «no prohíbe a los funcionarios del IMLA pertenecer a partidos políticos o sindicatos«.
A la petición de recusación se opusieron durante la vista el ministerio fiscal, la acusación particular en nombre de la familia, la acción popular impulsada por VOX y el Gobierno aragonés como actor civil en demanda de los gastos originados en la atención de la víctima antes de su fallecimiento en un hospital.
JUZGADO POR UN JURADO POPULAR
Los hechos, que serán enjuiciados por un jurado popular, tuvieron lugar sobre las 03.00 horas de la madrugada del 8 de diciembre de 2017 en el bar Tocadiscos de la capital aragonesa, donde la víctima tomaba una consumición.
Según relata el fiscal en su escrito provisional de acusación, Rodrigo Lanza se acercó a Laínez y tras observar sus tirantes le llamó «facha» y «fascista», lo que originó una discusión que derivó en una presunta agresión por la espalda del acusado a su víctima, que cayó al suelo inconsciente tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.
El fiscal añade que una vez en el suelo, el procesado le dio una patada en la cara y se colocó encima de su víctima para darle numerosos puñetazos en la cabeza.
Entiende el fiscal que Lanza, nieto del almirante golpista chileno Sergio Huidobro, actuó por motivos ideológicos, con un ataque por sorpresa que no dio ninguna oportunidad de defensa a su víctima.
El ministerio público solicita una condena de 25 años de prisión para Rodrigo Lanza Huidrobo por el presunto asesinato por odio, con alevosía y ensañamiento, de Víctor Laínez, así como una indemnización de 150.000 euros a la familia de víctima y de 5.600 al Salud por los gastos generados.
Esta petición es la misma planteada por el representante legal de la acusación particular de VOX en nombre de la familia de la víctima, el letrado zaragozano Juan Carlos Macarrón, quien sostiene que el acusado se sirvió de un objeto contundente para causar mayor daño.