La empresa pública aragonesa Sarga incumplió la ley de contratación para adjudicar 10,7 millones de euros durante los años 2012 y 2016. Es decir, tanto en la legislatura completa de Luisa Fernanda Rudi (PP) y parte de la legislatura de Javier Lambán (PSOE).

La empresa pública SARGA fue la resultante de la fusión entre las empresas públicas aragonesas Sirasa y Sodemasa en octubre de 2012. Dos empresas que durante su existencia estuvieron en el ojo del huracán de la opinión pública por su ineficiencia en el gasto y su desarrollo clientelar.

Sirasa estaba controlada por el PSOE y Sodemasa por el PAR durante el Gobierno de Marcelino Iglesias y la sombra política de José Ángel Biel. Durante el mandato de Alfredo Boné en la Consejería de Medio Ambiente ambas tuvieron 1.500 trabajadores en plantilla en total. Todo un gigante empresarial en el sector público controlado por los designios de los políticos.


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EL INFORME

Concretamente, según un informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, la empresa pública adjudicó casi 11 millones de euros «sin tramitar los correspondientes expedientes o fraccionando indebidamente su objeto con la finalidad de evitar la aplicación de las normas de publicidad y concurrencia».

No sólo eso: el órgano fiscalizador acredita en sus 91 páginas de informe que la empresa pública Sarga no entregó nunca ningún expediente que justificara la decisión para contratar o adjudicar. Lo que contraviene a la Ley de Contratos. Por todo ello, la Cámara de Cuentas defiende en su informe: todos los «incumplimientos significativos» afectan a la práctica totalidad de los contratos analizados. Un total de quince.

Los contratos firmados desde la empresa pública con otras empresas ascendieron, durante los años citados, los 138 millones de euros. Respecto a la ilegalidad manifiesta de los quince contratos analizados, hay nueve de ellos que ni siquiera se citó el órgano de contratación, ni se anunció, ni se sabe si se aprobó el expediente. Nada de nada. En varios contratos que suman millones de euros.

En cuanto al aumento del presupuesto en los contratos de Sarga, según la Cámara de Cuentas de Aragón, en el 68% de éstos, la justificación de cambio en los criterios presupuestarios no estuvieron justificados.


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*Consulte aquí el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre Sarga (2012-2016)