El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer -por unanimidad- la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, que supone un avance en el blindaje de los derechos de los colectivos LGTBI de Aragón.
De hecho, en la propia exposición de motivos de la ley elaborada por el Gobierno se reconoce que la norma, que comienza su trámite parlamentario, es «un logro colectivo» de las asociaciones de lesbianas, homosexuales y transexuales, pero también de las instituciones, agentes sociales y entidades que han participado en su elaboración, «y de la sociedad aragonesa en su conjunto».
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, demostró su orgullo por haber podido presentar esta ley, que contribuirá, ha dicho durante su intervención ante el Pleno, a construir «una sociedad más justa, fortalecer el estado de derecho y reforzar la convivencia democrática».
Broto explicó que fueron estos colectivos quienes plantearon la necesidad de ir «un paso más allá» y elaborar una ley en lugar de un plan de igualdad, como era la primera intención, y tras un proceso participativo con 360 aportaciones, vio la luz esta norma, que tiene «carácter transversal» y que pretende abarcar todos los ámbitos del desarrollo de la persona.
«La igualdad tiene un carácter transversal y hay que actuar de manera integral»
Así, incluye medidas en los ámbitos sanitario (como la elaboración de protocolos de atención a los transexuales o de prevención de enfermedades de transmisión sexual), de empleo (como potenciar la inspección de trabajo para detectar los casos de discriminación laboral) o educativo (como planes de igualdad y de prevención de casos de discriminación en las aulas).
Pero también en el familiar, para garantizar la protección a todos los modelos de familia; el de la comunicación, para impulsar un código deontológico para el tratamiento de noticias relacionadas con estos colectivos; el policial, para desarrollar un protocolo anti delitos de odio, o en de la memoria histórica.
LAS SANCIONES
Una nueva norma autonómica que contempla un régimen sancionador con multas de un mínimo de 200 y un máximo de 45.000 euros.
El régimen sancionador detalla infracciones leves, graves y muy graves. En el primer caso, con multas de entre 200 y 3.000 euros, se sancionan comportamientos como emitir expresiones vejatorias por razón de orientación sexual, amenazar, no colaborar con las fuerzas del orden en la investigación de estos casos o causar daños materiales a propiedades de personas del colectivo LGTBI.
Serán infracciones graves, con multas de entre 3.000 y 20.000 euros, la reiteración del uso de expresiones violentas o amenazas, el establecimiento de cláusulas laborales que causen discriminación, realizar actos que impliquen aislamiento o menosprecio público de estas personas o la elaboración de material educativo que presente a las personas como superiores o inferiores en virtud de su orientación sexual.
Con multas de entre 20.000 y 45.000 euros se condenarán con infracciones muy graves, entre las que están las agresiones o actuaciones de acoso, la adopción de represalias contra quien haya denunciado quejas o denuncias por discriminación, la realización de terapias de aversión para modificar la orientación sexual de una persona o emplear un lenguaje discriminatorio u ofensivo contra este colectivo en los medios de comunicación.
UN APOYO UNÁNIME
Todas las portavoces que han intervenido han mostrado su total apoyo a la tramitación de la ley, que esperan que durante el debate en ponencia y comisión pueda adecuarse a todas las sensibilidades para que sea aprobada por unanimidad.
La diputada popular Carmen Susín defendió durante su intervención que aunque la sociedad española es «abierta, tolerante y respetuosa», todavía, «lamentablemente», hay «actitudes discriminatorias».
Para la socialista Pilimar Zamora, es necesario «renovar» el compromiso del país con la lucha contra la discriminación que, a su juicio, inició el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la ley del matrimonio homosexual.
La ley, que no cambiará las cosas «de un día para otro», es sin embargo «un peldaño más» para que sea efectivo «el derecho a ser diferente sin diferencia de derechos».
Desde Podemos, Amparo Bella, estimó que esta ley es una cuestión de justicia y de derechos humanos, porque reconoce el derecho a «amar en libertad», pero hizo hincapié en que llega «con presupuesto cero».
Por su parte, la diputada del PAR Lucía Guillén solicitó que durante el trámite parlamentario se pergeñe una ley «valiente». Desirée Pescador (Ciudadanos) lamentó por su parte que a pesar de haber evolucionado «mucho», la sociedad no ha sido capaz de solventar el problema de la discriminación LGTBI.
Desde el Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) reclamó desarrollar planes educativos y de sensibilización para conseguir los objetivos de la norma.