La Guardia Civil ha irrumpido en el domicilio del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y le ha detenido esta mañana por la Operación Lezo. González es el principal acusado en una macro operación dirigida por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Anticorrupción.
González es considerado el principal responsable de una «organización criminal» que orquestaba la presunta trama en las tripas del PP madrileño y en el mismo Gobierno que encabezó durante años. González fue la mano derecha -y sucesor- de Esperanza Aguirre.
En el transcurso de la Operación Lezo se han producido más de diez detenciones, y según fuentes de la benemérita, se prevé una treintena de registros en domicilios particulares y dependencias de la administración madrileña.
«OSCUROS TINTES DE CORRUPCIÓN»
El diputado aragonés por Unidos Podemos en el Congreso, Pedro Arrojo, ha manifestado en el programa Al Rojo Vivo que la detención de González es algo que está sucediendo en todo el territorio nacional. «Es una trama corrupta sobre la gestión del agua», ha afirmado.
Arrojo, uno de los mejores expertos en la nueva cultura del agua y conocedor de los entresijos del negocio en torno al agua, cree que «es un negocio seguro, sin competencia y que todos pagamos en la factura». Y sin duda, ha calificado la detención de González como «un reventón progresivo caso de corrupción donde la privatización está ligada a la corrupción«.
LA DEPURACIÓN EN ARAGÓN
Según publicó El Español, y posteriormente publicó la Cámara de Cuentas, el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración de Aragón ha sido un autentico dispendio de dinero público. Según el órgano fiscalizador, el coste de 1.153 plantas de depuración en todos los municipios de Aragón supondría más de 3.000 millones de euros. Es la radiografía de un plan urdido por el Gobierno de Aragón (PSOE–PAR) en el año 2009. Y un arquitecto que ahora ejerce de «conseguidor» en empresas privadas del sector: Alfredo Boné.
El diputado de Unidos Podemos ha señalado a la comunidad aragonesa como otro de los agujeros donde puede haber indicios de corrupción, al igual que en la detención de González en la Operación Lezo, el conocido caso EMARSA en Valencia, o el Caso Acuamed.
Arrojo entendía que «la expropiación de las competencias a los ayuntamientos» deriva en que «el coste del agua se dispare al privatizarlas». Y apuntaba directamente: «está pasando en Aragón, son oscuros tintes de corrupción«.