Miércoles, 11 de Diciembre de 2019

La auditoria encargada por el Ayuntamiento de Zaragoza (Partido Popular – Ciudadanos), y su primera medida como gobierno, se ha conocido en el día de hoy dejando en evidencia la mala situación económica y financiera del consistorio heredada en los últimos 16 años de gobiernos de izquierdas, tanto con PSOE como con Zaragoza en Común.

Los números rojos destacan de manera alarmante en una deuda de 863.622.442 millones de euros con un coeficiente de endeudamiento del 116,93%, lo que supone más de 1.200 euros por cada zaragozano en deuda. E incluso, con otros 100 millones de euros que permanecían en los cajones del Ayuntamiento durante los últimos años.

La situación “endiablada”, como afirmaba la consejera de Hacienda, María Navarro, hace que el Ayuntamiento de Zaragoza deba emprender una serie de medidas de urgencia para paliar la situación casi de quiebra.


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El documento oficial de la Intervención municipal alerta de la existencia de 35,1 millones de euros pendientes de revisiones de precios con las grandes contratas, de 39,6 millones en sentencias judiciales condenatorias o de los 24, 3 millones en infradotaciones presupuestarias de los últimos años pendientes de pago durante este año 2019.

UNA DEUDA INSOSTENIBLE

Las cifras recogidas en el informe del órgano fiscalizador dan cuenta de una deuda municipal insostenible mantenida a lo largo de los últimos años. Es por eso que, en palabras de la consejera de Hacienda, María Navarro, la prioridad del Ayuntamiento PP-Cs será “arreglar la situación económica para poner orden cuanto antes”.

Entre todas las exigencias financieras que deberá acometer el Ayuntamiento en pocos meses, destaca la falta de presupuesto para hacerlas frente. Es por ello que el consistorio ha detallado un plan de pago con sus acreedores en los próximos meses.

María Navarro ha ejemplificado la gravosa situación financiera explicando que “las grandes contratas han pedido mediante un documento cerca de 35 millones de euros que tenemos que pagar ya de revisiones de precios”.


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La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha querido analizar la situación financiera realzando el papel que ejercieron, tanto PP como Ciudadanos, en la oposición a Zaragoza en Común cuando denunciaban “la situación precaria de la ciudad”.

En palabras de Fernández, para hacer frente a la situación económica de la ciudad, el gobierno de PP-Cs ha solicitado al FIE (Fondo de Impulso) 37 millones de euros para hacer frente a las sentencias firmes condenatorias.

Este montante ha sido habilitado desde el Ministerio de Hacienda, mediante el pago por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y se captará entre los meses de febrero o marzo.

Otra de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento, previo a la publicación de la auditoria, es la amortización de deuda por valor de 8,3 millones para no sobrepasar el ratio de endeudamiento -fijado en el 110%- y no tener que verse obligado a acudir a un plan de ajuste tutelado por el Ministerio de Hacienda.

La entrada en un plan de ajuste ata de pies y manos al Ayuntamiento porque le inhabilita en endeudarse a largo plazo así cómo condiciona su presupuesto en los próximos años.


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“Se está trabajando en una modificación de crédito por la infradotación de los casi 25 millones de euros. El Ayuntamiento está valorando de donde puede sacar el dinero en otras áreas o en las sociedades municipales“, ha explicado la vice alcaldesa Fernández.

De todas formas, no será superior a unos 11 millones de euros. El resto de la infradotación deberá pagarse con cargo al presupuesto del próximo año, aún en fase de desarrollo por parte del área de Hacienda del Ayuntamiento.

EL CAMBIO EN LA GESTIÓN

Tanto la vice alcaldesa como la consejera de Hacienda han querido enfatizar que el futuro presupuesto de la ciudad tendrá un componente de cambio en su tramitación y en su ejecución. “Será realista, transparente y certero“, ha matizado la consejera de Hacienda, María Navarro.

La vice alcaldesa, Sara Fernández, ha avisado que “desde el nuevo gobierno se está emprendiendo una nueva forma de gestionar”. Y que se desterrará la metodología de “patada para adelante” en revisiones de precios o sentencias judiciales.


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Por otro lado, la consejera de Hacienda a finalizado la rueda de prensa extraordinaria aclarando que le ha “sorprendido” la deuda oculta de 100 millones de euros heredada.

Y ha querido avisar que la realidad a la que debe enfrentarse el Ayuntamiento “no será fácil”, tanto por la premura en los pagos de un dinero que debe solicitarse al FIE o por la previsión de pagos que habrá que negociar con las grandes contratas.


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