La Dirección de Salud Pública del Gobierno aragonés ha reiterado hoy que la actuación seguida en la residencia privada «María Llevot» de Binéfar (Huesca) tras detectarse diez casos positivos por coronavirus, siete internos y tres auxiliares, fue en todo momento ajustada a los protocolos establecidos.
Según informa el Ejecutivo regional, es «falso» que la decisión de realizar pruebas diagnósticas en la residencia se debiera a «supuestas presiones» de los trabajadores o de la dirección del centro, ya que los criterios seguidos son los marcados por el Ministerio de Sanidad.
La secuencia de hechos dada a conocer por el Gobierno aragonés destaca que el pasado lunes se informó desde el Hospital de Barbastro a Salud Pública de que una paciente procedente de la referida residencia que había ingresado para ser atendida de una rotura de cadera había dado positivo al COVID-19 en el test rápido, aunque negativo a la prueba PCR.
Señalan estas fuentes que a consecuencia de estos resultados, el Servicio Provincial de Sanidad de Huesca solicitó un día después la realización de pruebas PCR a los internos y residentes de la residencia, con el resultado una jornada más tarde de tres positivos entre las auxiliares y siete entre los ancianos.
Desde el Ejecutivo regional se asegura que esa misma jornada se comenzó a gestionar el traslado de los internos positivos al Centro Especial COVID-19 «La Abubilla» en Yéqueda. Debido a la sintomatología presentada por alguno de los afectados y en conexión con el centro de salud de Binéfar, se acordó finalmente el ingreso hospitalario de tres de ellos en el Hospital de Barbastro.
En respuesta a estas afirmaciones, el representante legal de la dirección del centro, el letrado Jorge Español, destaca que los correos electrónicos intercambiados entre la gerencia de la residencia y un laboratorio de Lérida para la realización de PCR a auxiliares e internos evidencian que no estaba previsto llevar a cabo inicialmente estas pruebas.
Según este abogado, el hecho de que la paciente ingresada con rotura de cadera diera negativo al PCR llevó a la convicción a los responsables del centro de que desde Sanidad en Aragón no se iban a realizar las pruebas «hasta que no apareciesen síntomas de la enfermedad».
Una convicción, añade Español, a la que se sumaron las quejas de las auxiliares y las «supuestas presiones» ejercidas para que les fueses realizadas las pruebas, y que finalmente motivó la decisión de la gerencia de realizar de forma privada las pruebas, con un coste cifrado en torno a los 4.000 euros.
«Si el Gobierno de Aragón fuese a hacer los test, ¿alguien cree que mi cliente habría contactado con un laboratorio de Lérida para pagarlos de su bolsillo?».
Español cuestiona, asimismo, que el traslado de los casos positivos que aún no mostraban síntomas de la enfermedad se acordara inicialmente por parte de las autoridades sanitarias, y destaca que fue la intervención de la Fiscalía de Huesca la que posibilitó esta acción. Una situación que, a juicio del letrado, evidencia la negligencia del Gobierno aragonés en este caso.
En un decreto emitido unas horas después de denunciar estos hechos el representante legal de la dirección del centro, la Fiscalía de Huesca emitió un decreto dirigido al director del Sector Sanitario de Barbastro, del que dependen el centro de salud de Binéfar para que informara sobre la posible necesidad de traslado de los pacientes afectados, y en caso contrario, precisar si las medidas de seguridad existentes en centro son las «correctas y exigidas»