En el Centro de Atención a Disminuidos Intelectuales de Zaragoza (CAMP) tuvieron el primer caso positivo en COVID-19 el pasado 25 de marzo. La residencia está gestionada por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, organismo Autónomo dependiente de la Consejería de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón.
Más de veinte días después, según los testimonios de las propias trabajadoras de la residencia, las cifras se han disparado. “De los 110 internos, veinte son positivos y cerca del 75% del total presentan síntomas claros”, explica una de las auxiliares de enfermería.
Este pasado fin de semana fallecía uno de los residentes, con patologías previas de carácter respiratorio, que había sido ingresado grave en un hospital de la capital aragonesa. “Hemos ido aislándolos según presentaban algún síntoma y avisamos desde un principio de la situación y la respuesta ha llegado demasiado tarde”, replica una enfermera del centro.
A esta situación hay que añadir, añade otra auxiliar del centro, la dificultad para mantener con personas discapacitadas intelectuales la distancias de seguridad.
“Ellos se besan, se abrazan, y nos ha resultado muy difícil hacerles entender por qué lo hacíamos. Simplemente, nos miraban y lloraban”, se lamenta otra de las trabajadoras.
Entre los trabajadores de la residencia hay en este momento diez positivos por COVID-19 confirmados de una plantilla de 150 funcionarios públicos. “A esto hay que añadir que más de 50% por ciento estamos de baja, no sólo por ser positivos sino por tener síntomas”, dice otra auxiliar que actualmente está aislada en su domicilio tras haber dado positivo en COVID-19.
«NADIE NOS EXPLICÓ CÓMO ACTUAR»
Los trabajadores denuncian el silencio informativo por parte de los gestores del centro e insisten la falta de previsión. “Nadie nos explicó cómo debíamos actuar”, afirma una auxiliar que en el momento de esta entrevista sigue trabajando y no ha presentado síntomas.
“Casi una semana después del primer positivo confirmado nos pasaron unas fotocopias de un protocolo de actuación publicado por la Organización Mundial de la Salud. Esa fue toda nuestra formación”, se lamenta una auxiliar.
Respeto al material aseguran que han estado trabajando con la ayuda de aportaciones anónimas y desinteresadas. “Nuestros trajes de protección ha sido bolsas de basura y batas de fumigar”, añade esta misma auxiliar.
“Las mascarillas que hemos llevado hacen su función en contacto con positivos uno o dos turnos de trabajo, y nosotras las hemos llevados hasta nueve turnos”, añade.
Actualmente el centro ha contratado a 8 trabajadores para suplir las bajas y les acaban de anunciar que van a someter a todos los residentes y trabajadores a test para evitar más contagios.
“Entendemos que todo es nuevo para todos pero si hubiesen actuado antes ahora no estaríamos contando esto”, asegura otra auxiliar.“Creo que los que quedamos trabajando, o somos asintomáticos o acabaremos con síntomas como los demás”, reconoce.
Por parte del Gobierno de Aragón, desde fuentes oficiales, aseguran que la situación en el inicio del brote en el centro desbordó la situación pero actualmente está «totalmente controlado». En el día de hoy se ha comenzado a realizar test de coronavirus a todos los trabajadores e internos por grupos, según el protocolo sanitario.
Explican las citadas fuentes que se ha aplicado un refuerzo en los últimos días para controlar el brote. El personal del centro está cubierto, después de las bajas por contagio, así como la extensión de un turno de noche en enfermería para reforzar el personal.