El Gobierno ha acordado este viernes la impugnación ante el Tribunal Constitucional de parte de la Ley de Derechos Históricos de Aragón aprobada por las Cortes de Aragón en junio del año pasado.
Así consta en la referencia correspondiente del Consejo de Ministros celebrado ayer y en la que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Meritxell Batet señala que interpone el recurso tras haberse saldado sin acuerdo el proceso de negociación previa.
Añade que la Ley aprobada en junio por las Cortes de Aragón «incurre en diferentes reproches de inconstitucionalidad«. El recurso del Gobierno se suma así al que el PP presentó ante el alto tribunal el pasado mes de octubre.
El texto legal fue presentado como proposición de ley por la Chunta Aragonesista, en junio de 2018. Contó con el apoyo de PSOE, Podemos, Partido Aragonés e IU, mientras que PP y Ciudadanos se mostraron contrarios a su aprobación.
En la citada referencia indica el Ejecutivo que la Ley 8/2018, del 28 de junio, podría vulnerar, entre otros artículos o preceptos, la disposición adicional primera de la Constitución, que es la que alude a la actualización de los derechos históricos y forales y con la que establece que ésta se lleve a cabo en el marco de la Constitución y del respectivo Estatuto de Autonomía.
La ‘Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón‘, declara a la comunidad aragonesa como un “país” y “nacionalidad” con más de mil años de historia. E incluso, dice la norma, con una razón jurídica previa a la Constitución española de 1978.
También cree el Gobierno que en la citada norma pueden quedar «vulnerados» los principios de soberanía nacional, constitucionalidad y derecho a la autonomía. Entre otros aspectos cita además una posible vulneración del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos e incluso de cuestiones del régimen electoral general.
Por último, menciona la «infracción» de las competencias estatales en tres ámbitos, los de patrimonio, hacienda y justicia. Así que el Gobierno, estudiada la Ley, impugna al Tribunal Constitucional casi una treintena de artículos, así como la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera y la disposición final tercera.
EL PRIMER RECURSO DE BEAMONTE
El PP, a través del presidente del partido en la comunidad, Luis María Beamonte, y del secretario general del grupo parlamentario popular, José Antonio Bermúdez de Castro, interpusieron su recurso en octubre del año pasado en la misma sede del Constitucional.
Considera el PP que la ley, aprobada con la mayoría de las Cortes aragonesas que forman el PSOE, Podemos, IU y CHA, atenta contra la Constitución y el Estatuto, algo de lo que alertaron los letrados del Parlamento autonómico en su momento.
Para los populares hay al menos 24 artículos que no encajan en el marco constitucional y que pueden derivar en invasiones competenciales.