El portavoz del PP, Jorge Azcón, fue suficiente claro ayer. Si el alcalde de Zaragoza no desautoriza el acto convocado para el 23 de septiembre -el próximo sábado- para apoyar el referéndum ilegal de Cataluña, el Partido Popular recurrirá la decisión ante la Justicia.
Dicho y hecho. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, ante la negativa de ZEC de retirar la cesión de un espacio público para fomentar un acto ilegal, ha llevado al gobierno de Zaragoza ante los tribunales.
El acto del próximo sábado está organizado por ‘Marchas por la Dignidad’, una entidad de la órbita de IU, Podemos o Zaragoza en Común. Y el problema, según indicó ayer el portavoz popular en rueda de prensa, es que el acto está convocado en el Centro Cívico Delicias, de titularidad municipal, y que ha contado con la autorización del Ayuntamiento.
MEDIDA CAUTELARÍSIMA
Por ello, desde las filas populares han reaccionado interponiendo un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Zaragoza argumentando jurídicamente que los bienes municipales han de servir, explican fuentes del PP, «a los intereses generales». Por tanto, detallan, «no cabe celebrar en un espacio municipal actos públicos en favor de un referéndum ilegal que atenta gravemente contra la unidad de España recogida en la Constitución».
Coincide, y en ello está la mayor parte del recurso -según explican fuentes populares-, que hace pocos días se dio un suceso similar en la capital de España. En ese momento, ante la cesión de un espacio público por la alcaldesa madrileña Manuela Carmena para un acto pro referéndum, el PP-Madrid recurrió, pidió medidas cautelarísimas y fueron aceptadas por el juez. Por lo que no se celebró el acto en un espacio municipal.
Y por ello, desde el PP piden medidas cautelarísimas para «la suspensión de la autorización del uso del local municipal», y alegan el carácter de urgencia, según explican, por la «inmediata» celebración del evento para el próximo sábado.
Por otro lado, argumentan la «extrema gravedad» de la convocatoria, ya que, supone un acto en apoyo a una ley -la Ley del Parlamento catalán 19/2017- y al decreto del referéndum que el Tribunal Constitucional tumbó por ser «ilegal».