El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha reclamado un cambio en la Ley de Extranjería para favorecer la integración de los menores extranjeros no acompañados (menas), ya que la actual normativa dificulta su acceso al mercado laboral y les aboca a una situación complicada cuando alcanzan la mayoría de edad.
Esto es así porque Extranjería sólo les concede el permiso de trabajo con la firma de un contrato de un año a jornada completa, lo que está llevando a muchos jóvenes ex tutelados a rechazar trabajos temporales de dos o tres meses, para los que previamente se habían formado en la Comunidad.
Éste es uno de los asuntos recogidos en el Informe sobre Menores correspondiente a 2018 que el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, acompañado por el asesor de menores de la institución, Andrés Esteban, ha entregado este miércoles a la presidenta de las Cortes, Violeta Barba.
Dolado ha insistido en este asunto, uno de los «temas estrellas» del informe, ya que la llegada de menas es una «realidad imperante» que requiere una acción política a nivel estatal. En Aragón había 45 menas en 2017 mientras que en 2018 esta cifra alcanzó los 300.
El compromiso de las instituciones aragonesas para acoger a estos menores que llegan solos ha sido «pleno», lo que ha permitido que participen en programas de formación y se integren en la sociedad aragonesa, ha reconocido Dolado, quien ha recalcado que estos chicos y chicas tienen los mismos derechos que los menores nacionales.
LA MAYORÍA DE EDAD
«Cuando cumplen los 18 años se les aplica la ley de Extranjería y solo les da el permiso de trabajo con un contrato de un año a jornada completa. ¿Cuántos contratos de estas características se hacen a menores de 25 años en nuestro país?«, se ha preguntado Esteban.
Por otro lado, este informe, que por primera vez ha recoge las actuaciones que se llevan a cabo en las administraciones locales, refleja también otras problemáticas sobre la protección de menores en Aragón.
Las relaciones familiares debido a procesos conflictivos de separación; el incumplimiento del régimen de visitas; casos de violencia de género o la falta de recursos para menores con discapacidad son algunas de ellas.
A la institución están llegando, además, muchas quejas por parte de abuelos que reclaman su derecho a ver a sus nietos.
En total, se han atendido a 1288 menores, de los cuales 405 están en centros residenciales y 98 en centros de acogida. El resto han participado en programas de intervención pero en su propio entorno.
En este asunto, Esteban ha reclamado un mayor compromiso a la sociedad para crear una bolsa de familias de acogida más amplia que permita que los menores, especialmente a los que tienen menos de tres años, residir en un hogar y no en un centro de residencia.
El Justicia de Aragón presentará este informe, que incluye 59 expedientes incoados, en las Cortes de Aragón cuando comience la próxima legislatura, en la que Dolado exigirá también que la nueva ley de infancia y adolescencia amplíe las competencias de la institución en materia de protección de menores, una de sus prioridades.