Uno de cada tres centros penitenciarios en España, el 33 por ciento, entre ellos el de Teruel, no cuenta con un servicio de orientación jurídico-penitenciaria para presos, donde los internos pueden recibir asesoramiento jurídico sobre su situación en la cárcel.
Son datos que figuran en la respuesta parlamentaria al diputado nacional socialista Antonio Hurtado, quien formuló al Ejecutivo una pregunta para pedir información sobre los centros en España que no disponen del Servicio Jurídico-Penitenciario (SOAJP) para internos.
Del total de 69 centros penitenciarios que existen en España, según datos del Ministerio del Interior, 23 de ellos -el 33 por ciento- no dispone de estos servicios de asesoramiento jurídico, tal y como se detalla en la respuesta del Gobierno.
Por regiones, en Castilla-La Mancha (Alcázar de San Juan, Cuenca y Herrera de la Mancha), Comunidad Valenciana (Alicante cumplimiento, Castellón y Castellón II), Galicia (Bonxe-Lugo, Monterroso y Teixeiro) y Baleares (Ibiza, Menorca y Mallorca) existen tres centros sin este servicio.
Mientras, carecen de él dos centros en Canarias (arrecife de Lanzarote y Santa Cruz de la Palma), y Castilla y León (Segovia y Soria), y un centro en Extremadura (Cáceres), Ceuta, La Rioja (Logroño), Melilla, Murcia (Murcia II), Aragón (Teruel) y Asturias (Villabona).
Este servicio de asesoramiento sobre su situación penal, penitenciaria o cuestiones de extranjería, entre otros, lo pueden solicitar los reclusos a la dirección del centro penitenciario, explica el Gobierno en su contestación.
Asimismo, en la respuesta del Ejecutivo también figura que son las comunidades autónomas las que deben expresar por qué no prestan este servicio, al tiempo que recuerda que la administración penitenciaria siempre da orientación jurídica a los internos que lo solicitan.
También se explica, a petición de Hurtado, que este servicio no supone ningún coste para la administración penitenciaria, si bien puntualiza que son los colegios de abogados o las comunidades autónomas que lo sufraguen quienes deben valorar su coste.
En la actualidad, la comunidad autónoma que ha expresado su disponibilidad y que sufraga el servicio a los colegios de abogados es Andalucía, quien suscribió un acuerdo de colaboración en este sentido