La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, que aglutina a diversas asociaciones -FAPAR, FABZ, MHUEL- y partidos políticos –PSOE, Podemos, CHA– muestran una «profunda discrepancia» al conjunto de medidas cautelares que el TSJA y los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo han tomado «paralizando buena parte de las decisiones» de la Consejería de Educación de Mayte Pérez.
Afirman desde la plataforma que las decisiones del Gobierno de Aragón «tenían por objetivo corregir políticas educativas lesivas para la escuela pública aragonesa, tomadas por el anterior Gobierno aragonés».
«UN GOBIERNO EN LA SOMBRA»
Es más, las distintas asociaciones y partidos políticos concentradas en esta plataforma creen que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) «condiciona» la política educativa del Gobierno aragonés «impidiendo» la planificación educativa favorable a la escuela pública en detrimento de la escuela concertada.
La plataforma ha calificado al escalón más alto de la Justicia en Aragón como «un Gobierno en la sombra«. Una idea que en su momento también defendió la Consejera de Educación, Mayte Pérez, cuando afirmó que estaba «maniatada» por la Justicia.
LA IZQUIERDA, Y LA PLATAFORMA
La plataforma por la defensa de la escuela pública ha estado acompañada por diferentes partidos políticos que, desde hace meses, llevan batallando para intentar afianzar recursos en la escuela pública. Por contra, tal y como se contempló en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Aragón (PSOE-CHA) y Podemos, se precisa un cierre de varias aulas de la escuela concertada para el próximo curso escolar.
«En un proceso de bajada continua de la natalidad es coherente que el Departamento plantee una reducción de trece unidades», ha señalado el representante de la plataforma, José Manuel Larrodera, quien ha abogado por «intentar recuperar con medidas específicas de planificación educativa ese equilibrio que se había roto».
El diputado de Podemos, Carlos Gamarra, cree que «la distorsión de las cautelares se genera en cada zona educativa» y que «por ejemplo, se quería quitar la financiación de una vía en Marianistas y como no lo permiten las cautelares y, puesto que ese centro recibe peticiones, el damnificado es otro centro de esa zona, el Sagrada Familia».
El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Gregorio Briz, defiende que «no se pueden hacer atajos para neutralizar las decisiones democráticas de un Gobierno elegido en las urnas» y ha añadido que «la Justicia lo que está haciendo es inmiscuirse«.
Por su parte, el coordinador general de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha coincidido en que hay «una clara intencionalidad» por parte de la Justicia. «En 2014 la plataforma de AMPAS de las Cuencas Mineras llegó a la Justicia y pidió cautelares contra el cierre de catorce unidades y la supresión de seis plazas docentes y, en ese caso, la Justicia no hizo nada«, ha explicado.
Para la representante socialista, Margarita Périz, es necesario poner en valor el trabajo del Departamento para planificar «en favor de una calidad educativa discriminando positivamente la escuela pública». Una planificación que «exigía ciertos sacrificios» que el Departamento de Educación tenía «muy claro donde tenían que estar», ha determinado.