Aragón es un país dentro de España. Un país con nacionalidad propia muchos siglos antes que la Constitución actual. La frase no está vacía de contenido, sino todo lo contrario.

Así se recoge en el Boletín Oficial de Aragón -desde ayer- dentro de la ‘Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón‘.

Un texto legal promulgado desde el gobierno socialista de Javier Lambán, tras ser aprobado -hace pocos días- en las Cortes de Aragón con los votos a favor del PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y el Partido Aragonés.

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Por el contrario, tanto el PP como Ciudadanos se negaron a reafirmar con su voto la citada ley. El principal grueso argumental de la norma autonómica proclama a Aragón como «una nacionalidad con más de doce siglos de historia«. Y reconoce como objetivo “afirmar y proteger la identidad aragonesa”.

En su artículo 1, la ley cita: “Aragón es una nacionalidad histórica, de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento”.

Y advierte que “la participación de Aragón en el proceso histórico de construcción de España no ha supuesto la renuncia a sus derechos históricos”.

«Aragón, en virtud de sus instituciones tradicionales, su historia, su Derecho, su cultura y de la convivencia histórica de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, ostenta en el Estado español y en la Unión Europea una identidad y un espacio jurídico, político y cultural propios, que deberán reivindicarse y reconocerse», continúa la ley aragonesa.

SE REIVINDICA ANTERIOR A LA CONSTITUCIÓN

Una de las peculiaridades de la nueva ley es que reivindica los derechos de los aragoneses anteriores a la Constitución española de 1978.

“Los derechos históricos del pueblo aragonés son anteriores a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía, que los amparan y respetan, así como a la legislación emanada de la Unión Europea. Al no emanar de ellos, han de ser respetados por las reformas que puedan afectar a esas normas».

Las Administraciones públicas aragonesas deberán, dice la ley, «respetar dicha condición y utilizar en sus normas y documentos oficiales la denominación ‘Aragón, nacionalidad histórica’, así como fomentar su uso por los particulares y los medios de comunicación”.

Una de las disposiciones adicionales de esta nueva ley exige también al Estado que derogue los decretos de abolición de los fueros aragoneses que Felipe V dictó hace 300 años. Dice esta nueva ley autonómica que no fueron unos decretos legítimos, sino dictados «por el derecho de conquista.

INCONSTITUCIONAL

Ciudadanos, el partido encabezado por Susana Gaspar en las Cortes de Aragón, presentará un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón que aprobó las Cortes de Aragón.

«Aviva el enfrentamiento de la Comunidad con España porque permite ejercer el derecho de autodeterminación e ir por el camino de la independencia», denuncia la diputada autonómica.

Además de ser «contraria» a la Constitución, Gaspar lamenta que «vulnera» once artículos del Estatuto de Autonomía de Aragón, una situación que ya recogía un informe realizado por el letrado de las Cortes.


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Entre las opciones que barajan para que el recurso salga adelante se encuentra la posibilidad de negociar con el Partido Popular, ya que también votó en contra de la Ley en las Cortes.

De esta manera, Ciudadanos conseguiría los 50 diputados necesarios en el Congreso para que prospere el recurso. Otra de las opciones que estudian es pedirle al Defensor del Pueblo que lo registre.