La desescalada avanza en España con la recuperación de la movilidad entre provincias de varias comunidades autónomas que pasan a la fase 3, la relajación de medidas permitidas durante el tramo final del estado de alarma y la configuración normativa de la futura «nueva normalidad«.
Este sábado se ha publicado en el BOE la última prórroga del estado de alarma, que durará hasta el 21 de junio y en la que se establece que las autonomías son las autoridades competentes en la fase 3 tanto para determinar la movilidad interprovincial y decidir cuándo se pasa a la nueva normalidad.
Aragón, Galicia, La Rioja, el País Vasco, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra, Baleares, Andalucía, Canarias, Cuenca, Guadalajara, Melilla y en Cataluña, el Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre y Camp de Tarragona estarán en fase 3. Estarán en fase 2 la Comunidad de Madrid, Barcelona, la región sanitaria de Lérida, las regiones metropolitanas norte y sur de Cataluña, toda Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Ceuta, Toledo, Ciudad Real y Albacete.
LA NUEVA NORMALIDAD
En la misma semana en la que el 52 % de la población estará en la última fase de la desescalada, el Ejecutivo aprobará en el Consejo de Ministros el decreto con el que regulará las medidas de prevención, contención y coordinación para controlar el coronavirus una vez se abandone el estado de alarma, periodo conocido como «nueva normalidad», ya que la crisis sanitaria continuará hasta que no haya una vacuna o un tratamiento para la enfermedad.
Entre las medidas que incluirá estarán el uso obligatorio de mascarillas para los mayores de seis años -con multas de hasta 100 euros para los incumplimientos-, que los centros de mayores deban presentar un plan específico de contingencia, que se produzca una declaración obligatoria urgente de la enfermedad por parte de los servicios sanitarios y que las autonomías garanticen las capacidades del sistema sanitario en materia de recursos humanos.
Las comunidades deberán elaborar planes de contingencia que permitan contar en un plazo de máximo de cinco días de entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos y de entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.