El consejero de Agricultura aragonés, Joaquín Olona, ha reiterado su rechazo a la reintroducción de osos llevada a cabo por Francia y Cataluña en los Pirineos, por la alarma que la presencia del oso Goiat genera en Aragón y la oposición de la población local, y ha defendido, frente a las objeciones de Europa, las subvenciones del Gobierno de Aragón a los ganaderos.
El departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha insistido este martes, en una nota de prensa, en la amenaza que representa la reintroducción de osos en el Pirineo a las poblaciones de Aragón, en concreto a sus actividades tradicionales -en particular la ganadería extensiva- en unas zonas gravemente afectadas por la despoblación.
Desde junio de 2019, fecha en la que se constató la presencia del oso Goiat en Aragón, hasta el momento, se tiene constancia de al menos 15 ataques en los municipios de Puente de Montañana, Benasque, Gistaín, Plan, San Juan de Plan, Barbaruens y Seira, que han causado la muerte de 13 ovejas, 4 cabras y 2 terneros en 10 ataques, así como la destrucción de 39 colmenas en otros 5 ataques.
Ante esta situación, Olona ha vuelto a dirigirse al consejero de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno catalán, Damiá Calvet, y al secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, para que adopten las medidas necesarias y así evitar la presencia en el territorio aragonés del oso Goiat, por haberse demostrado «reiteradamente depredador» y aplicando el Protocolo para osos problemáticos vigente en el propio programa de reintroducción.
El Gobierno de Aragón explica que al considerar insuficiente la orden de ayudas de 31 de marzo de 2003, que indemniza a los ganaderos por los daños ocasionados por el oso, puso en marcha una nueva línea de subvenciones con fondos propios en 2018, mediante la cual los ganaderos pueden acogerse a las ayudas hayan sufrido o no un ataque.
Estas ayudas no se limitan a pagar al ganadero por las cabezas muertas y los daños materiales ocasionados, sino que, teniendo en cuenta el número total de cabezas de la explotación, así como las necesidades de autoprotección, la administración trata de compensar el sobrecoste que para los ganaderos supone la mera presencia continuada de grandes carnívoros.
Estas ayudas, conforme a la normativa europea, están sujetas al llamado «régimen de minimis», que limita el importe total máximo de ayuda recibida por los beneficiarios en tres años y que en la actualidad se sitúa en los 20.000 euros, según el Ejecutivo aragonés.