Aragón es una de las cinco Comunidades Autónomas que en 2018 cumplían con la ratio de cinco plazas residenciales por cada cien personas mayores de 65 años, pero solo 1,89 de esas plazas, el 30% del total, son públicas, por debajo de las 2,5 de media en España.
Así se recoge en el informe sobre la situación y evolución de los servicios residenciales para personas mayores en España elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales entre 2018 y 2019 basado en los últimos datos del Imserso.
Aragón sumaba hace dos años 17.939 plazas residenciales para personas mayores, 3.661 por encima de la ratio recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y de ellas, 12.534 de financiación privada.
De esta forma, solo tres de cada diez plazas (5.405) son de financiación pública, que «son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten«, según el informe, lo que la sitúa en el puesto número once de las comunidades y muy por debajo de las otras cuatro regiones que también cumplen con la ratio: Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y Castilla y León.
Entre 2010 y 2018, Aragón ha perdido 2.417 plazas residenciales mientras en el global de España se han incrementado en 12.353, y la población mayor de 65 años ha aumentado en el país en un millón de personas, por lo que existe un déficit de 70.000 plazas en términos absolutos, según los cálculos de dicha asociación.
Asimismo, recuerdan desde la asociación, unas 100.000 personas con el grado II y III de dependencia reconocido están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho.
Además de las diferencias entre el número de plazas de financiación pública y privada, existen grandes diferencias en los precios y cuantías que abonan los usuarios por una plaza pública, tanto en centros propios como en los concertados.
Con una horquilla que va desde menos de 7.000 euros anuales en Comunidades como Valencia, La Rioja, Andalucía, Madrid o Cataluña, hasta más de 8.000 en Aragón o Región de Murcia, los más de 10.000 de Navarra o los 11.000 del País Vasco.
Los gerentes sociales aprovechan este estudio para recordar que la pensión media en España no alcanza los 1.000 euros mensuales (1.140 euros la de jubilación y 713 la de viudedad) y puntualizan que la carencia de las plazas residenciales se centra en las grandes urbes, mientras que el problema de las de las zonas rurales es que no están adaptadas a las necesidades de los mayores.