La falta de equipamiento de protección para atender a los usuarios con COVID-19 ha llevado a la dirección de la residencia Centro Social Virgen del Pilar, en la calle Predicadores de Zaragoza, a pedir la intervención del centro por parte del Gobierno de Aragón y a hacer un llamamiento a las familiares a que se lleven a sus hogares a los internos que no han dado positivo en coronavirus.
En la residencia conviven en la actualidad 40 usuarios, diez de ellos con coronavirus, lo que ha obligado a confinar en sus habitaciones a todos los internos, un problema para los residentes que presentan deterioro cognitivo pero se encuentran bien de salud porque no lo entienden, como explica la directora técnica del centro, Mayte Sanz, quien recuerda que no es un centro de aislamiento.
De los 45 trabajadores que conforman la plantilla habitual, actualmente prestan servicio 23, nueve de ellos (cuatro limpiadoras y cinco auxiliares) recién contratadas ya que el resto están de baja, cuatro que atendían a residentes con coronavirus o con síntomas por dar también positivo y el resto por estrés, ansiedad o con licencia no retribuida, entre otras causas.
Alguno de los trabajadores reconocen que la adopción del centro es extrema por las circunstancias. De ahí que envíen el mensaje de «llevaros a vuestros familiares sin COVID-19 por precaución«, ya que la mayoría de residentes tienen distintos grados de dependencia. Y por tanto son pacientes de riesgo.
Al personal disponible «no se le puede garantizar la protección» y tampoco «se le puede obligar» a atender a pacientes con coronavirus, porque aunque disponen de mascarillas quirúrgicas, pantallas y geles hidroalcohólicos, los buzos con los que contaban eran de un solo uso, y a pesar de ello los han reutilizado y ya han llegado al final de su vida útil, ha dicho.
La mayoría de los residentes son personas con distintos grados de dependencia, «muchos grandes dependientes», ha señalado Sanz, con una media de edad de 85-86 años y algunos con pocos recursos, lo que la directora técnica comprende que puede ser un problema para las familias a la hora de acogerlos en sus domicilios.
Salvo tres residentes que ayer tuvieron que ser trasladados al hospital con síntomas más graves, el resto que han dado positivo, ha reconocido la responsable, han sido prácticamente asintomáticos o con casuística diferente a los síntomas que relacionan con la COVID-19, en este caso una infección de orina o una ligera febrícula, lo que les ha demostrado que «cualquier cosa puede ser positivo».
El problema, ha alertado Sanz, es que en estos momentos en la residencia «no se puede garantizar» que los que no han contraído el virus no se contagien finalmente.
«Se está haciendo un esfuerzo en contratación, en desinfección, en la adquisición de equipos de protección«, pero según Sanz son medidas «insuficientes para evitar que se propague el coronavirus» debido, a su juicio, a que «no se ha hecho un buen plan de protección» y en este caso, por parte del Gobierno autonómico solo se ha envidado «el 1 % de los EPIS necesarios».
Una situación a la que se suma que desde el inicio de la pandemia de COVID-19 los médicos de Atención Primaria no han pasado revisión y se han suspendido las citas de especialidades cuando son residentes con otras patologías.
Desde Salud Pública de momento no les han dado una solución a su solicitud, porque según les han trasladado, también están «desbordados».