Viernes, 23 de Agosto de 2019

La organización Facua-Consumidores en Acción ha alertado de que hasta un 20 por ciento de aragoneses estarían tomando agua contaminada con nitratos o sulfatos, especialmente poblaciones situadas en el Eje del Ebro y en zonas del Jalón y el Jiloca, por lo que ha pedido a Salud Pública que garantice que este agua es apta para consumo.

En concreto, los afluentes del río Ebro que se verían afectados -según la denuncia de Facua- serían los ríos Huecha, Jalón (con un gran complejo de afluentes), Huerva, Aguas Vivas, Martín, Guadalope y Matarraña.

Y por la izquierda, el Arba de Luesia y Gállego, así como el complejo Segre-Cinca con sus importantes afluentes.

Por regla general los afluentes que provienen de la margen izquierda pirenaica son los más largos y los que mayor caudal aportan. Por ello también son los que más aporte de contaminación tienen.


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En una nota de prensa, la organización de defensa de los consumidores Facua señala que los nitratos están presentes de manera natural en la naturaleza pero se ven incrementados por la producción agrícola y ganadera intensivas y su presencia en exceso en aguas superficiales y subterráneas “pueden causar enfermedades en la población que la consume, especialmente en niños pequeños, con efectos como la dificultad para respirar, vómitos y convulsiones”.

Respecto a los sulfatos, informa de que son sales que también se encuentran de forma natural en minerales como la tiza y que se usan, por ejemplo, en la industria química (fertilizantes, pesticidas…) o como agentes de sedimentación (sulfato de aluminio) pero que si exceden el límite en el agua provoca diarreas, especialmente, de nuevo, en el caso de los más pequeños.

En 2017, último año del que se tienen cifras, se detectaron en Aragón 73 incumplimientos por nitratos en 32 zonas de abastecimiento y 350 por sulfatos, sustancia que se ha llegado a superar hasta en cuatro ocasiones los 1.000 miligramos por litro, lo que ha dado lugar a la calificación del agua como “no apta para el consumo“, según los datos recopilados por Facua de Salud Pública.


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La organización advierte que estos hechos pueden suponer “un peligro para la salud” de los usuarios aragoneses y un perjuicio económico al tener que consumir agua potable embotellada.

En este sentido recuerda que la ley de Régimen Jurídico del Sector Público recoge que los usuarios, en este caso afectados por las aguas contaminadas, “tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos” cuando se produzca como “consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.

Por ello, la asociación pide a la Dirección General de Salud Pública de Aragón que “acabe con esta situación en la que la salud de una parte importante de la población aragonesa estaría expuesta a algún tipo de riesgo.