Viernes, 06 de Diciembre de 2019

El equipamiento municipal del centro cívico Río Ebro, en el barrio zaragozano del Actur, fue el escenario de una charla, el pasado sábado, de las madres de los agresores de dos guardias civiles, y sus parejas, en la localidad navarra de Alsasua.

El acto político para defender a los agresores de Alsasua no sólo fue permitido por el gobierno de Zaragoza en Común, si no que el propio edil de los ‘comunes’, Pablo Híjar, protagonizó la charla desde la mesa de cabecera situado en el escenario del centro cívico.

Días antes de la charla, la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza, PP y Ciudadanos, criticaron con dureza que un acto de estas características se realizara en un local municipal. Sin embargo, se realizó por ser un acto amparado “por la libertad de la expresión”, según la edil de ZEC, Elena Giner.


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El acto estaba organizado por la asociación ‘Rasmia’, una asociación cultural ligada con la órbita de la extrema izquierda aragonesa que lucha por el soberanismo de izquierdas aragonés aglutinado en varios partidos o sindicatos. El acto en el barrio zaragozano se celebró con la proclama ‘Dejad en paz Altsasu’.

Entre los promotores de la organización soberanista, constituida hace menos de un año, se encuentran varios dirigentes del partido Puyalón de Cuchas. Una organización integrada -hasta hace pocos días por una crisis política interna- en la plataforma electoral Zaragoza en Común.

A su vez, este partido político de corte independentista aragonés está involucrado en la promoción de los CDR de Aragón, la asociación satélite del separatismo radical de Cataluña.

Según ha podido conocer este periódico, la asociación Rasmia no cuenta con el registro obligatorio en el Gobierno de Aragón ni como asociación en el censo municipal de actividades.


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Por ello, mediante una argucia, ‘Rasmia’ está representada legalmente en la autorización de la cesión del espacio público por Asun Gulina, una conocida activista de la extrema izquierda ligada con Puyalón de Cuchas.

La firmante de la autorización lo hace mediante la asociación vecinal que preside, que sí está registrada legalmente, la Asociación de Vecinos Puente de Santiago.

La Justicia condenó a penas de entre 2 y 13 años de prisión a los ocho jóvenes radicales acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016. Sin embargo, pese a la imputación de la Fiscalía de ser una agresión terrorista, se desecho ese delito.

La condena judicial se suscribe a los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. El tribunal no apreció delito de terrorismo por la edad de los acusados, ya que eran menores de edad cuando ETA anunció el abandono del terrorismo.


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