El Gobierno de Zaragoza aprobará este jueves en sesión extraordinaria la adhesión al Fondo de Impulso Económico (FIE) para financiar el pago de 36,9 millones de euros correspondientes a sentencias firmes e intereses de demora.

Así lo ha anunciado la consejera municipal de Hacienda, María Navarro, quien ha dado cuenta del nuevo «agujero» de sentencias impagadas «en los cajones», hallado gracias a la labor desarrollada en su área durante el mes de agosto mirando «servicio a servicio».


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El resultado ha sido «un caos absoluto en la gestión que ha caracterizado los últimos 16 años en este Ayuntamiento«, ha afirmado Navarro, quien ha añadido que no imaginaba un «descontrol» de esta magnitud.

Estos 36,9 millones de pendencia judicial se dividen en 30,2 millones por 23 sentencias condenatorias y otros 6,7 por intereses de demora, entre los que destacan las revisiones de precios a las empresas concesionarias del transporte urbano (Tuzsa) y la limpieza viaria (FCC).

En total, 17 millones de euros pertenecen a las reclamaciones de Tuzsa -más de 3 en concepto de intereses de demora- y 11,6 a FCC, de los que 2 millones son intereses de demora.

A ellos se suman más de 3 millones de euros a las concesionarias de los barrios rurales, 2 millones de euros a la concesionaria del servicio de grúa municipal (Dornier), una expropiación urbanística de 1.850.000 euros o retrasos en los pagos de la limpieza de la Casa de Amparo o los pabellones deportivos.


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Todo ello obliga al Gobierno PP-Cs a solicitar de forma inmediata el auxilio del FIE, ya que el plazo para adherirse concluye este viernes 13 de septiembre.

Esta será la tercera vez que el Consistorio zaragozano acude a este fondo, después de pedir 45 millones de euros en 2015 y de recibir 21 de los 33 millones solicitados en 2017, mientras que en 2016 no se concedió la ayuda al superar el límite de endeudamiento del 110 por ciento y el año pasado no se suscribió.

En este sentido, la consejera ha asegurado que el equipo de gobierno ya se ha encargado de cumplir los requisitos marcados, es decir, no superar el 110 por ciento de endeudamiento, para lo que ha sido necesario un «encaje de bolillos» que detallará tras el próximo Gobierno de la ciudad.


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Además, ha advertido de que pueden aparecer más sentencias condenatorias procedentes de mandatos anteriores, así como otros «boquetes», que se revelarán cuando se haga pública la auditoría que encargaron PP y Cs a su llegada al Gobierno municipal, lo que está previsto para finales de esta misma semana o principios de la próxima.

Navarro ha reiterado que se comprometieron con los ciudadanos a contar la verdad y ser coherentes con su programa electoral y, por ello, los zaragozanos tienen que saber cómo se ha gestionado su dinero durante los últimos 16 años de gobiernos de izquierda en la ciudad.

Ha repetido que esto solo es «una parte» de la situación económica de las arcas municipales, aunque sí que es «uno de los grandes boquetes», debido a la generalización del uso de los tribunales para hacer política y como método de financiación.


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El FIE permite a los municipios con una situación financiera más delicada asumir estos compromisos de pago en mejores condiciones financieras.

Asimismo, conlleva también adoptar el acuerdo de dotar el proyecto de presupuesto para 2020 con una cuantía del 1 por ciento de los gastos no financieros para atender las posibles obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes que dicten los tribunales o de necesidades imprevistas e inaplazables