El Gobierno de España ha anunciado un paquete de 11.000 millones de euros, en números redondos, para ayudas directas a los sectores más dañados por la situación sanitaria de la pandemia de COVID19. En concreto, serán las actividades no esenciales que se han visto obligadas a cerrar por decreto durante 11 meses. Cerca de cumplir todo un año con condiciones para trabajar en libertad.
El anuncio no debe quedarse en las palabras del presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados durante una sesión parlamentaria para tratar la situación de la aplicación del Estado de Alarma. Sánchez debe comparecer en rueda de prensa para dar detalle de manera concreta de cómo, para qué y con quién se articularán esas ayudas.
En esta línea, no debe olvidarse el papel inactivo del Gobierno de Aragón en favorecer ayudas directas a los mismos sectores de la economía aragonesa que más perjudicados están por la situación sanitaria. Casi un año después del inicio de la pandemia las líneas de ayudas -ninguna directa- otorgadas por el Gobierno de Aragón han sido exiguas y, en algunos casos, todavía no se han cobrado.
El Gobierno aragonés no debe, como bien ha expresado la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, «esperar como agua de mayo» las ayudas que le corresponderían a Aragón -unos 300 millones- del paquete anunciado por Sánchez. Sino que debería junto a los colectivos sociales -patronal y sindicatos- promover de manera autónoma esta línea de ayudas directas y urgentes cuanto antes.
Otras comunidades del resto del país hace ya meses que han articulado una línea de ayudas millonarias para estos sectores. Entre otras, sobresale el ejemplo de Galicia que ha implantado dos planes de ayudas por 160 millones de euros con lo que poder facilitar que un negocio se beneficie de éstos percibiendo como mínimo 3.400 euros. O hasta un máximo de 24.000 euros.
O los 18 millones de euros que acaba de aprobar la comunidad de Navarra a la hostelería en una segunda línea de ayudas, después de un primer plan de más de 10 millones de euros.