Hacía tiempo que una sentencia judicial no era tan criticada, tampoco me viene a la cabeza otra con semejante respuesta social en las calles.
No es para menos, el inicio de las Fiestas de San Fermín de 2016 nos afectó a todos, la campaña del ‘No es no’ había llegado a todos los rincones del país a través de prensa, radio, televisión y redes sociales.
Ésta hacía escala en unas fiestas donde era más que necesaria.
Pues bien, la primera noche de fiestas una joven de 18 años denunciaba haber sufrido una agresión sexual por parte de un grupo de cinco hombres, se autodenominaban ‘La Manada’. A la mañana siguiente eran arrestados, las primeras manifestaciones de repulsa se produjeron ese mismo día.
Casi dos años después se dicta sentencia judicial, el fallo de la Audiencia Provincial de Navarra los absuelve de la agresión sexual o violación, y los condena a 9 años de prisión por abuso sexual continuado, la petición de la Fiscalía llegaba a los 22 años y 10 meses.
Todos esperábamos la pena máxima dados los detalles del suceso que brindaban los medios.
Las reacciones no se hicieron esperar, primero fueron asociaciones y movimientos feministas, convocando numerosas concentraciones y manifestaciones contra el dictamen. La reacción en cadena empezó de una forma muy virulenta, no se podía esperar otra cosa.
«Todos esperábamos la pena máxima dados los detalles del suceso que brindaban los medios»
Después le siguieron otros actores, los políticos.
No han faltado muestras de indignación y decepción por la sentencia mientras el clamor popular cargaba contra los Jueces del Tribunal y, especialmente, contra el Juez del voto particular.
Los representantes públicos se han sumado a las masas, dejando al discrepante a los pies de los caballos, sobre todo el Gobierno a través del Ministro de Justicia, cuando lo cuestionó al decir que «tiene un problema singular».
Casi nada, buena forma de desviar la atención.
De haber sido modificado el Código Penal tras ratificar el Convenio de Estambul de 2011, la condena por violación no dependería de demostrar violencia o intimidación sobre la víctima pues la definición de violación cambia a “sexo sin consentimiento”, sin valorar el grado de violencia física ejercida para consumar el hecho.
El Legislador establece las reglas del juego judicial, es así.
Señalar solamente a los encargados de aplicar las leyes es eximir parte de la responsabilidad y cuestionar gravemente el Poder Judicial.
Mientras unos echan balones fuera, otros, los que hace pocos meses manifestaban que no había que “legislar en caliente” ante el asesinato de Gabriel, un niño de 8 años, o ante la detención del presunto asesino de Diana Quer, ahora aportan todo tipo de soluciones en pocos días…
«Señalar solamente a los encargados de aplicar las leyes es eximir parte de la responsabilidad»
Sobre todo apuntan a una reforma del Código Penal.
El cumplimiento íntegro de las penas o la prisión permanente revisable para este tipo de delitos que sacuden la sociedad son un endurecimiento del Código Penal.
Sí, como lo es redefinir el concepto de violación para que no quede limitado a la concurrencia de violencia o intimidación, así como eliminar la prescripción de este tipo de delitos para que puedan ser perseguidos sin límite de tiempo, estamos hablando de lo mismo.
Las soluciones que se esgrimen ahora tienen la misma finalidad que las sancionadas hace pocos meses, castigar y perseguir más duramente esta clase de actos deleznables.
Hace falta trabajar sobre múltiples planos el problema de la igualdad y el respeto a la mujer, pero en este caso la sociedad se ha manifestado mayoritariamente sobre el plano judicial, por lo que sus señorías han de «bailar al son que tocan».