La Administración General del Estado, y las Administraciones autonómicas, tras más de un mes de estricto confinamiento de la población, (entre los que se encuentra el colectivo cinegético con prácticamente un millón de cazadores en España); ha recibido las urgentes reivindicaciones del sector agroganadero por el preocupante incremento de los daños agrarios ocasionados por la fauna cinegética: conejos, jabalíes, corzos, ciervos, cabra montés, etc. 

Y el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el 14 de abril una nota de prensa cuyo titular indica en su literalidad ‘El Gobierno recomienda a las CCAA a mantener el control de jabalíes para prevenir daños en explotaciones agrarias y evitar la propagación de enfermedades animales’.

Tanto es así que el Gobierno de Aragón, ha publicado la ORDEN AGM/329/2020, de 17 de abril, por la que se autorizan medidas de control de poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas durante la vigencia del estado de alarma.

Como bien dice el refrán castellano “con las cosas del comer no se juega”. Ante la crisis sanitaria global del coronavirus; la principal medida profiláctica y de bioseguridad médica ha sido la severa limitación a la libre circulación de personas, salvo a los responsables de mantenimiento de actividades esenciales.

Como actividades esenciales es prioritario mantener las que garantizan el abastecimiento alimentario. En países referentes en la correcta gestión nacional de la pandemia como es el caso de Alemania, desde el inicio de la crisis, se ha otorgado al colectivo de cazadores una importancia y responsabilidad social fundamental para:

– Minimizar los daños agrarios y garantizar la producción de alimentos (por ejemplo en 2016, y pese a la presión cinegética se declararon 100.000Has de siniestros por fauna silvestre sólo en Agroseguro con el consiguiente e ingente lucro cesante del agricultor).

– Prevenir las patologías que afectan de forma directa al ser humano como la tuberculosis; y otras enfermedades de especial relevancia en la sanidad animal como la peste porcina africana que pueden producir mortalidades masivas en la cabaña ganadera, volviendo a incidir en la seguridad en cantidad y calidad del suministro alimentario antes citado, junto a las gravísimas repercusiones económicas (ya que sólo en España el sector porcino factura anualmente en torno a 15.000 mll €)

– Paliar los accidentes de tráfico, para evitar la afección en la logística del indispensable transporte de alimentos y mercancías de primera necesidad (según datos de la DGT, en 2017 las especies cinegéticas excluidas las aves, ocasionaron 20492 accidentes de tráfico).

– Contribuir al equilibrio ambiental general, disminuyendo impactos sobre especies protegidas emblemáticas vegetales y animales, etc…

Esta importante tarea y esfuerzo colectivo de los cazadores, no sólo ha sido encomendado por las autoridades competentes, sino que ha sido agradecida públicamente y por escrito por los respectivos ministro de salud pública, agricultura y alimentación e interior del gobierno alemán (donde la corriente política de los “verdes” tiene un peso muy relevante, pero parece ser que la clase dirigente y la sociedad en general, es consciente desde el sentido común y no desde el animalismo radical, de la estrecha relación y equilibrio entre ecología-producción agrosilvopastoral-medio rural-caza).

En España, el periodo de caza deportiva de en torno a 3-4 meses al año de duración según autonomías, especies, etc.; ya había finalizado de forma general en febrero, es decir previamente al decreto del estado de alarma se había “cerrado la veda”.

A partir de entonces, en una situación ordinaria el colectivo cinegético en colaboración con sus máximos representantes, la Federación Española y sus respectivas federaciones autonómicas de caza, habrían realizado labores habituales de gestión cinegética como monitorización de especies y dinámica de poblaciones, vigilancia sanitaria, administración burocrática de los cotos, limpieza de caminos y sendas, recogida de residuos del medio, mantenimiento de señalizaciones regladas, siembras cinegéticas, conservación de puntos de agua para la fauna, etc…

Dentro de estas “otras” labores venatorias destaca por su importancia directa y fundamental sobre la producción agraria el control de poblaciones, es decir actuaciones cinegéticas voluntarias y extraordinarias para regular un exceso de carga de animales silvestres sobre el medio, que resultan dañinas o perjudiciales.

La importancia de la caza como control poblacional ha sido actualmente refrendada por la mayoría de las entidades más representativas del mundo rural; y por un informe técnico multidisciplinar abalado por múltiples científicos (entre ellos reputados veterinarios) y expertos en la materia.

Todo lo citado anteriormente, sin ánimo de agotar el catálogo de actuaciones altruistas de los cazadores, es parte del aprovechamiento cinegético; es decir que, a diferencia de los usos legítimos como el senderismo, ciclismo, montañismo…

Los cazadores pagan impuestos autonómicos, tasas municipales, arriendos privados y seguros obligatorios por realizar la gestión cinegética cuyos beneficios sociales, se empiezan a calcular para poner en valor su verdadera importancia.

Como un pequeño ejemplo (sólo en una comunidad autónoma para una especie durante 60 días), la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, competente en materia de caza en el Gobierno de Aragón, había calculado el ahorro de la Administración autonómica en contratación y gastos de personal gracias a la involucración de los cazadores para el control de la plaga del conejo silvestre había sido de 20,3 millones euros, en los meses de noviembre y diciembre de 2019; ahí es nada.

Ante la inminente crisis económica mundial postpandemia del COVID19; todos los ahorros en recursos públicos serán de especial interés para la ciudadanía.

Por desgracia para toda la población, y muy especialmente para la del abandonado medio rural, la distorsionada percepción sociopolítica de la caza en España, haya sido el causante de la espera de un mes para incluir el control poblacional de fauna silvestre como actividad esencial en esta difícil situación de crisis sanitaria global.

El animalismo radical se está imponiendo frente a las tesis ecológicas equilibradas; ya que la mentira es el discurso de algunos que anteponen el sectarismo a la sensatez (como hemos visto en el refrendo anticaza a las medidas de los gobiernos nacionales y autonómicos avalado por WWF o SEO Birdlife, cuando simultáneamente WWF recibe una subvención de medio millón de euros para estudios sobre cómo controlar la plaga de conejos)

En conclusión, y tomando como referencia a otros países europeos, desde las autoridades competentes y los medios de comunicación en estrecha colaboración con el colectivo cinegético a través de la Real Federación Española de Caza y sus respectivas Federaciones Autonómicas es necesario: concienciar al público, especialmente al urbano, sobre el impacto negativo de la sobreabundancia de fauna cinegética y de la necesidad de su control permanente en base a la gestión cinegética adaptativa (con base científica y en cooperación de los sectores afectados, por ejemplo el veterinario).

Y simultáneamente actuar en educación, imagen y percepción social de la caza como sector estratégico y vulnerable mediante su difusión mediática, la enseñanza, la información y el trabajo con niños y jóvenes.

Me despido, transmitiendo mi más sincero pésame a todas las familias afectadas por esta cruenta enfermedad, y deseando un pronto cese de la pandemia con la célebre cita de Winston Churchill: “No es un momento para la comodidad y el confort; es el momento de la osadía y la resistencia”.