Seré claro: Sira Repollés no puede estar ni un minuto más ocupando el cargo de Consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón. Sus declaraciones criticando al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) han sido varias y cada una de ellas más prejuiciosa. La consejera dijo que los jueces toman decisiones «ideológicas» contra el Gobierno de Aragón, que se trata de un tribunal de «jueces de derechas contra un gobierno de izquierdas», o que los jueces «hayan abusado de la opinión respecto a la situación epidemiológica», y aseveró que se está haciendo «un juego perverso» por ver quien puede más en el control sanitario.

La crítica es desmesurada y sumamente peligrosa por obviar el principio básico de la separación de poderes y el respeto absoluto a la legalidad que deben cumplir los jueces. Porque de lo contrario estarían prevaricando. Un extremo que la consejera de Sanidad afirma al entender que los jueces del TSJA están dejando a un lado la Ley para actuar exclusivamente con principios ideológicos. Aún es más grave que estas declaraciones las haga en el contexto sanitario en el que nos encontramos cuando desde hace dos años se han propuesto restricciones severas, limitaciones de los derechos fundamentales o de la libertad de empresa a miles de ciudadanos aragoneses desde su Consejería autonómica.

En la gran mayoría de las propuestas sanitarias, el TSJA le ha tumbado la intención al Gobierno de Aragón. Es lo que sucede cuando tus decisiones políticas no tienen un anclaje jurídico o porque no existe un armazón legal donde tus decisiones se puedan amparar jurídicamente. Quizá lo más razonable es que la consejera Repollés afirmará estar en desacuerdo con el TSJA, desde el respeto por ser un contra peso de los poderes del Estado, y después solicitará un marco jurídico para que sus decisiones se ajusten a la Ley. Eso sería lo razonable y entendible.

Pero no. Sira Repollés prefirió coger el camino fácil que obvia el sentido democrático de la separación de poderes para hacer declaraciones populistas, iliberales y alejadas de todo sentido democrático y que han traspasado una línea roja que nunca debería cruzar un responsable político. Y menos la persona que, insisto, toma decisiones cada pocas semanas para condicionar nuestros derechos fundamentales por la crítica situación sanitaria. No es una cuestión menor porque no hablamos de un decreto relacionado con los servicios sociales o unas ayudas al turismo. Hablamos de los derechos fundamentales y las libertades más básicas de los ciudadanos, y donde el TSJA, en base a la legislación existente y sin visos de una específica por la pandemia, hace lo que puede jurídicamente para poner orden y evitar la arbitrariedad política de las decisiones de Sira Repollés.

Se podrá estar más o menos de acuerdo con sus decisiones, pero la Justicia sigue siendo el baluarte de nuestros derechos y libertades que están recogidas en la Constitución. Y sí, insisto, es lícito discrepar de las decisiones del TSJA desde el punto de vista jurídico pero nunca aseverar que dejan la ley a un lado y se dedican a la política. Por otro lado, convendría recordar a la consejera Sira Repollés que la Fiscalía General del Estado en Aragón se ha alineado en ocasiones con las decisiones del TSJA, como con el pasaporte COVID. Y parafraseando al presidente Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. 

Hay que ser comprensivo con la situación personal de una política que está emprendiendo la tarea más difícil de su vida -y de las nuestras- en la gestión de una pandemia que avisa pocas veces y siempre lo hace para cambiar nuestro día a día. Pero no es la única que se encuentra indefensa, en tensión o a expensas de lo que está por llegar. Nadie viene con un manual de instrucciones sobre la pandemia. Ni el TSJA que aplica e interpreta las leyes, ni el presidente Lambán ni la consejera Repollés, ni la oposición por mucho que critique, ni la ciudadanía que lleva dos años pandémicos…

Pero se le debería pedir a la consejera Repollés un poco de humildad tras dos años de pandemia y con una ola de contagios más que el resto de España. O que incluso esa humildad también fuera una súbita prudencia tras recortar el presupuesto de Sanidad para el año 2022, que Aragón sigue siendo una de las zonas con más contagios del país, que la atención primaria y hospitalaria está saturada o que no se renovaran a los sanitarios contratados por la pandemia. Es lo mínimo.

Sus disculpas al propio presidente del TSJA, tras las declaraciones realizadas en la citada entrevista, se agradecen. No todos reconocen estos errores. Pero, sinceramente, retractarse de esta manera, diciendo lo contrario a sus declaraciones, evidencia que prefiere evitar la quema política por seguir en el cargo. Y que sigue pensando lo que dijo. De hecho este pensamiento es generalizado en el Gobierno de Aragón. No hay responsable político del Ejecutivo que haya estado lidiando con la pandemia que no reconozca que el TSJA está siendo más destructivo que constructivo. O que no han arrimado el hombro para ayudar a aplicar las restricciones propuestas para atajar la pandemia.

Lo más curioso de todo este embrollo es la derivada política. El ventilador del ‘y tú más’ que aplica el PSOE respecto a la crítica de la oposición por las palabras de Sira Repollés es pobre. Sinceramente, es considerablemente triste este enfrentamiento de quien tiene más razón cuando es evidente que sus declaraciones la inhabilitan políticamente. Usando un paralelismo de actualidad, sería parecido al asunto del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al condenar a todo el sector ganadero con sus declaraciones prejuiciosas y alejadas de la realidad. En aquel momento, casi sin dudar, el presidente Lambán despotricó y pidió el cese de Garzón por sus declaraciones. Y lo que dice Repollés está al mismo nivel, o incluso peor. Es prejuicioso y, en este caso, ataca a al poder judicial que debe poner límites a su arbitrariedad y a su exceso de poder administrativo.

Claro que la oposición actúa con cierto toque hipócrita por olvidar otros asuntos judiciales que les conciernen y donde han criticado a los jueces por perseguirles o trabajar al encargo del PSOE. Y también es lógico, y evidente, que usa el caso para sacar tajada política. Así como el gobierno de Aragón se escuda en una simple disculpa para no abrir una crisis gubernamental. Precisamente, el gobierno de Lambán sabe que las palabras de la Consejera de Sanidad son temerarias y la inhabilitan políticamente para seguir siendo Consejera. Otra cosa es que no convenga para no visibilizar debilidad cuando el PP de Aragón se ha rearmado con el liderazgo de Azcón y las elecciones están a la vuelta de la esquina. De hecho, el recurso argumental de los socialistas ha sido enchufar el ventilador para ocultar sus vergüenzas con estas declaraciones y apuntar a los casos de corrupción del PP.

Por explicarlo mejor todo: las declaraciones de Sira Repollés las podría firmar el mismísimo Alberto Cubero, Quim Torra o el excéntrico Donald Trump. Sus afirmaciones no son graves, no. Son algo más. Rozan el totalitarismo retórico y le igualan a cualquier líder populista de tres al cuarto. Sin Ley no hay democracia. Pero sin el contrapeso judicial que cuida al poder de ser arbitrario no hay ni una cosa ni la otra.

La cuestión aquí es que todos saben que esas palabras deberían provocar un cese o una dimisión. Lo saben todos. Y si la consejera hubiera sido del PP o de Ciudadanos, se hubiera repetido el guión pero con los papeles cambiados. Lo preocupante, desde el punto de vista ciudadano o periodístico, al margen de las rencillas políticas de unos y otros, es el desamparo ético de una ciudadanía harta de cumplir con la Justicia y de que la clase política se permita estas deslealtades.

No se entiende cómo no existe un mecanismo democrático o jurídico anclado en principios éticos que provoque la dimisión o el cese de Repollés. O de cualquier otro que acuse a un poder del Estado de prevaricar. Que no haya que dejar a la buena voluntad del político cuestionado o de su jefe de filas la decisión. Ni que haya que esperar una crítica mediática diaria para que la opinión pública termine por ‘condenar’ éticamente al personaje, y así provocar su cese.

Como bien ha dicho el presidente Lambán: este asunto está «zanjado» para el gobierno aragonés. Y así será. No habrá más que algo de ruido mediático por la oposición para pedir su cese o reprobación en las Cortes de Aragón, y están en todo su derecho. Pero quedará en nada. El único consuelo, si es que puede llamarse así, es que Sira Repollés tiene que convivir con una losa más pesada que la crítica política o un pleno autonómico donde escuché la petición de cese o reprobación. La losa que deberá aguantar es que ella misma se ha inhabilitado éticamente para cualquier criterio jurídico o sanitario que defiende como consejera en el futuro o, incluso, que deba pedir el aval del TSJA en el futuro. Esos jueces de derechas que van en contra de la izquierda.