El COVID-19 cambiará nuestras vidas para siempre. Los planes forjados saltaron por los aires un cercano -pero lejano- 14 de marzo. En ese día los sueños de millones se truncaron, las vidas de todo el país se hipotecaron y los proyectos vitales construidos se cerraron, probablemente para siempre.
La situación de crisis sanitaria para algunos era evidente comprobando la reacción de China. Y para otros tantos era imprevisible por ser una pandemia inédita en nuestra historia reciente. Lo que nadie niega es que las decisiones que se adoptan desde el inicio del estado de alarma por la expansión del coronavirus dependen exclusivamente de la firma del presidente del Gobierno de España en el Boletín Oficial del Estado.
No hay medias tintas. Para bien o para mal. La improvisación o los errores en las últimas semanas han sido clamorosos: los envíos de mascarillas defectuosas bajo el pago de comisiones millonarias opacas, los test de seroprevalencia que todavía no llegan, la falta de equipos de protección individual para nuestros sanitarios, entre otras negligencias, son exclusivamente responsabilidad del Gobierno de España.
Sin ninguna duda, la vida de las personas debe estar en primer lugar. El foco debe ponerse en salvar las vidas precisas frenando la expansión del virus. Pero no por ello hay que dejar de recordar que existen 22 Ministerios -el segundo Gobierno con más carteras de la democracia- y solo uno tiene competencia en Sanidad.
El resto: Industria, Economía, Seguridad Social, Hacienda, etc. deben poner todas sus estructuras en paliar la crisis económica. Pero las decisiones pasadas por la ausencia de una estrategia clara dificultan la confianza de la ciudadanía en la futura recuperación económica.
Las medidas tomadas son confusas, a menudo improvisadas o mal comunicadas para terminar rectificando, u otras son ajenas a la realidad empresarial de millones de autónomos y pequeñas empresas. Un ejemplo evidente fue la aprobación de una moratoria de impuestos el día 15 de abril, siendo este el día que la mayoría de autónomos domicilian sus impuestos.
Los ciudadanos de todo el país han cumplido con la reclusión de forma ejemplar. Pero después de más de 40 días de confinamiento, tras un respeto estoico, su paciencia comienza a agotarse. Están necesitados de un Gobierno nacional que actúe sabiendo lo que hace y que explique cuál será la hoja de ruta el día de mañana.
No es sencillo gestionar una crisis de estas características contra una pandemia inédita que hace saltar los resortes de la actuación administrativa y política. Pero un mes después del confinamiento es hora de conocer las líneas de un plan de actuación de una manera clara, concisa y sin propaganda.
España y Aragón no pueden permanecer más tiempo en esta caída libre hacia el abismo. Cada día confinados hará que resulte más difícil salir de la crisis económica. Y en esa crisis también nos va la vida, los sueños y los proyectos de millones de personas.