Lunes, 16 de Septiembre de 2019

En el plazo de 50 días hemos conocido dos sentencias que ponen de manifiesto lo que todos, hasta ellas, sabíamos: que las decisiones más importantes que tomaron en sus departamentos al poco de acceder al cargo fueron un despropósito.

Les resumo la película: En el primer caso había que cerrar el colegio Ánfora. Así lo había dejado claro Podemos a un PSOE que necesitaba su apoyo para gobernar. Con mucho gusto, Pérez y los suyos se pusieron manos a la obra.

No les importaron los cooperativistas que habían puesto sueños y ahorros en ese proyecto, ni los padres que habían elegido ese colegio para sus hijos. Como tampoco les importaba la eficacia y eficiencia en el servicio educativo. Todo eso daba igual. Lo importante era el abrazo de Echenique.

Por otro lado, el podemita también había puesto su condición a Pilar Alegría: había que revocar la autorización dada por el anterior Gobierno a la Universidad privada para impartir Magisterio.


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Ya sabemos de la obsesión por cerrar y prohibir que tiene la izquierda y del temor que tiene la Universidad Pública a la competencia, normal cuando se vive de la subvención y al calor del BOA. Así que, con la misma rapidez que su compañera de gabinete, se pusieron a ello pero, escudriñado el expediente, hete aquí que estaba bien hecho y cantaba mucho firmar una revocación.

Con todo, el Gobierno del PSOE no podía desilusionar a un crecido Echenique y a ese rectorado tan entregado a su presupuesto (y no sé si también a su causa). Así que dijeron aquello de ni una más.

Para ello sacaron adelante una ley que impedía a la universidad privada dar cualquier enseñanza que diera la pública, había que impedir la tan denostada competencia. Claro que así no lo decían, era mejor hablar de planificación universitaria, programación, vertebración del territorio, etc.

Tras ello, los padres de aquellos niños y el Gobierno de la Nación recurrieron ambos asuntos y tras varios dimes y diretes, aquí estamos: varapalo por partida doble.


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A Pilar Alegría el Tribunal Constitucional le acaba de decir que aquella ley es contraria a los principios de autonomía universitaria y de libertad de empresa que establece la Constitución, además de vulnerar tres leyes básicas: la de universidades, la de garantía de la unidad de mercado y la del libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. ¡Toma jeroma!

Pero poco parece importarle a la nueva concejal. Como tampoco parece importarle a Mayte Pérez lo que el Tribunal le ha dicho sobre el caso Ánfora, nada más y nada menos que su departamento violó los derechos fundamentales de las familias y que esa actuación fue “arbitraria” por “injustificable”.

Distraídos con elecciones y pactos, el asunto ha pasado a un segundo plano y la de Teruel y su equipo miran hacia otro lado. Así que no esperen dimisiones y ni siquiera que pidan perdón a los perjudicados. Eso sí, con el dinero (en costas) de los aragoneses han dicho que recurrirán la sentencia. Es la política de “la patada p’alante”, a ver si el asunto se soluciona solo o nos olvidamos.

Cuando se decide desde el sectarismo, cuando se gestiona desde la arbitrariedad, cuando se litiga con el dinero de los demás todo esto es lo que pasa. Aragón pierde oportunidades y el contribuyente su dinero pero, mientras tanto, eso también, ellos seguirán en su sillón.