«Those who control de present control the past and and those who control de past control the future», George Orwell, 1984.
Ha comenzado en las Cortes de Aragón un debate apasionante (imprescindible, diría yo) sobre un tema de rabiosa actualidad y fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad y el bienestar de sus habitantes: el del proyecto de ley de Memoria Democrática de Aragón.
Es más, no concibo que hayamos podido vivir en Aragón todos estos años de restauración democrática sin regular ese aspecto esencial de nuestra convivencia, sin el cual nuestro régimen pretendidamente democrático ha sido incompleto y, con seguridad, ficticio. Una democracia coja, la nuestra.
Aguarda su turno otra Ley imprescindible: la de Actualización de los derechos históricos de Aragón (¿qué demonios, por cierto, son los derechos históricos?), presentada ésta como Proposición por Chunta Aragonesista.
«No concibo que hayamos podido vivir en Aragón sin regular ese aspecto esencial de nuestra convivencia»
De la que no puedo evitar señalar una de sus disposiciones finales, la que obliga al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno de España para que éste derogue formalmente el Decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707.
Que, dictado por el derecho de conquista, supuso la abolición de los fueros y libertades de que gozaba Aragón antes de Felipe V.
A nadie se le escapa que, desde ese momento, cuando la abolición de los fueros sea finalmente derogada, Aragón experimentará el impulso definitivo que la catapultará a los niveles de renta de Hamburgo.
El Decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707 ha sido la losa que ha impedido nuestro desarrollo en los tres últimos siglos.
Nuestros amigos de Chunta quieren que recuperemos las libertades que disfrutaban nuestros ancestros antes de Felipe V. ¡Qué tiempos aquellos, qué libertades!
También en el Congreso de los Diputados aguarda su turno la Proposición de Ley para la reforma de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Presentada por el Partido Socialista, y que ha motivado la publicación de un duro manifiesto firmado por doscientos significados, dicen, intelectuales y personajes públicos, aunque dudosamente demócratas todos, entre los que sorprende encontrar, ¡qué decepción!, a Joaquín Leguina (expresidente socialista de la comunidad de Madrid) y Francisco Vázquez (exalcalde socialista de La Coruña).
«Nuestros amigos de Chunta quieren que recuperemos las libertades antes de Felipe V. ¡Qué tiempos aquellos, qué libertades!»
Comprendo que para Aragón y los aragoneses resulte ahora mismo mucho más prioritario y urgente la derogación del Decreto de Nueva Planta, tema pendiente desde 1707, que la investigación de los desvíos presupuestarios e irregularidades denunciadas en el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Plan de Depuración, que al fin y al cabo sólo se remonta al ejercicio 2015.
O que para el conjunto de los españoles sea más importante la creación de una Comisión de la Verdad (¿Verdad Única y Revelada?) que abordar el fracaso escolar, la reforma de las pensiones o el déficit público, por poner sólo unos pocos ejemplos de debates irrelevantes.
Irrelevantes, por supuesto, ante la superior importancia del destino del Valle de los Caídos o la defensa del buen nombre de la II República, de la que algunos descreídos se permiten dudar que fuera un régimen democrático e incluso le atribuyen cierta veracidad a esos estudios que pretenden demostrar el pucherazo de sus elecciones.
Reconozco que la relación entre Historia y Memoria no sea siempre fácil, ni siquiera pacífica.
Comprendo también que resulte incómoda para la izquierda española, acostumbrada a la historiografía predominante durante el franquismo, monopolizada por Tuñon de Lara y su escuela (con la única excepción entonces, soslayable, de Ricardo de la Cierva), la irrupción de estos nuevos historiadores iconoclastas que se permiten dudar, nada menos, de que un régimen como la II República fuera una democracia homologable.
¿Pretenden silenciarles bajo el amparo de estas leyes que proponen?
La longitud de los textos de todos esos proyectos y proposiciones de ley que aguardan su turno de debate parlamentario son la prueba del enorme trabajo que alguien, sus redactores, se han tomado en su elaboración.
«¿Son esos nuestros problemas y preocupaciones más inmediatos?»
Pero pregunto, ¿para eso les pagamos sus sueldos o es un dinero que nos podríamos ahorrar?
¿Son esas nuestras prioridades, las de los ciudadanos que madrugamos por las mañanas para ir a trabajar? ¿Son esos nuestros problemas y preocupaciones más inmediatos?
¿Esos textos que aguardan su debate parlamentario son ejercicios de política o exorcismos frente a unos fantasmas del pasado que sólo a ellos inquietan?
Postdata: Leo que el cincuenta por ciento de los universitarios vascos no saben qué fue el atentado de Hipercor y que el cuarenta por ciento desconocen quién fue Miguel Ángel Blanco. Me pregunto cuántos universitarios aragoneses saben qué fueron los Decretos de Nueva Planta.
Y a cuántos de quienes lo saben, les importa el tema.