Tras dos años de experiencia de pandemia, sabemos que no existe un grave conflicto entre el derecho al trabajo y el derecho a la salud, existen evidencias científicas que descartan las medidas medievales de sacrificio arbitrario de ciertos sectores como solución. La ruina también mata y se está arruinando a muchos autónomos y a muchos trabajadores. Recordemos que el último estudio publicado el 15 de diciembre por el instituto de Salud Carlos III indica que solo el 0,1% de los contagios se ha dado en la hostelería, frente a un 38% en los domicilios particulares. Es un falso dilema diseñado por el sanchismo.
El fin deseable de controlar el virus no legitima a que ningún poder, incluido el propio Gobierno, se imponga por encima de los derechos constitucionalmente reconocidos, ni siquiera en tiempos de pandemia, precisamente esto es lo que da sentido al Estado de derecho democrático. Los socios que el sanchismo ha elegido para gobernar España son declarados enemigos del constitucionalismo. “Por sus hechos los conoceréis” dice el Sermón de la Montaña, y es que, por nuestros hechos, más que por nuestras palabras, nos retratamos. Y por los compañeros de viaje, también.
Asistimos, con demasiada pasividad, a un continuo ataque al Estado de Derecho y a la separación de poderes desde el sanchismo en todas las instituciones, nacionales, autonómicas y municipales donde están los obedientes compañeros de partido de Sánchez.
A nivel nacional no hace falta recordar, por ejemplo, la pretensión de dar estatus de víctimas o de indultar a quienes les da la gana, solo con su criterio político despreciando el de los jueces. Las creencias siempre por encima de la razón, ese es el objetivo. A mayor grado de emoción, menos capacidad de razonar y menor respeto al poder judicial.
A nivel local, la portavoz del grupo sanchista del ayuntamiento de Zaragoza le dijo al alcalde de la ciudad en el debate del estado de la ciudad de 2020 lo siguiente “No le consiento que diga que Bildu es indecente”, el pasado pleno municipal de noviembre el PSOE fue el único grupo que votó en contra de una moción en defensa de los derechos fundamentales en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En el Gobierno de Aragón suceden con naturalidad situaciones de tanta gravedad, como presionar públicamente a los jueces del TSJA con el pasaporte Covid. Reproduzco ahora titular y subtitular de una noticia publicada el pasado 16 de diciembre. “Sanidad restringirá movilidad y horarios si el TSJA rechaza ampliar el pasaporte Covid. La Consejera, Sira Repollés, confía en que la Justicia avale el uso del certificado en bares, restaurantes, cines y gimnasios, entre otros espacios o aplicará restricciones”. Como ejemplo de presión política sobre el poder judicial no está nada mal.
Esta intromisión en el espacio de los jueces es tan grave, como que nadie la denuncie. El gobierno pretende hacernos pensar que los magistrados del TSJA son irresponsables si no obedecen. Afortunadamente, quedamos muchos convencidos de que su objetivo es salvaguardar nuestras libertades individuales y que España siga siendo un país de ciudadanos y no de vasallos aplastados por la herramienta de control sobre las poblaciones más antigua del mundo, la arbitrariedad cimentada en el miedo. Todos los días, a tragar nuestra dosis de miedo paralizante.
Como vemos, con ejemplos bien recientes, los ataques de los sanchistas al Estado de Derecho son sibilinos, pero continuos. Tan sibilinos y tan continuos que ya no escandalizan, y ese es el principal problema, la pasividad de los constitucionalistas. Alguien que te quiere engañar usa tretas para hacerlo poco a poco sin que te des cuenta, pero debemos darnos cuenta, por lo menos darnos cuenta.
El gobierno de Aragón ha fracasado estrepitosamente en las mal llamadas ayudas a la hostelería, porque deberían llamarse indemnizaciones, y va a tener que devolver 75 millones de euros al gobierno central por su mala gestión. Para tapar su fracaso, incendia al sector acusando al Ayuntamiento de Zaragoza de falsedades fácilmente demostrables, pero desvía la atención del foco, exacerba la emoción e intoxica informativamente para dificultar el trabajo de la razón.
El problema es que la posverdad les funciona demasiado bien. Centran la atención en el ayuntamiento de Zaragoza mientras tapan su mala gestión y arruinan al sector con nuevas restricciones no avaladas científicamente. Obedecen a su patrón.
Esto es más serio de lo que parece. No es un ataque inocente a 37.619 trabajadores de la hostelería de nuestra comunidad, muchos de ellos trabajadores autónomos. El ataque a los autónomos tiene como objetivo debilitar a las clases medias, un país con una clase media fuerte, es un país con una democracia mejor.
Vemos que desde todas las administraciones siguen con disciplina el plan de Sánchez y sus socios, golpistas y comunistas. Un poco de teatro de vez en cuando, pero férrea disciplina de voto en todo lo que sea desprecio al estado de derecho.
El colmo del esperpento absolutista es ver al presidente Sánchez hace dos días diciendo que la solución es escuchar a la ciencia y anunciar ayer la obligación de llevar mascarillas al aire libre, donde los científicos han demostrado que el riesgo es ínfimo. Hasta ahora, el récord de la arbitrariedad lo tenía el Rey Sol, si los ciudadanos no lo impedimos, le superará el absolutista Sanchez. Mañana, ¿qué ideará para someter al pueblo? ¿Nos hará salir a la calle con un ojo maquillado y otro no? ¿Obedeceremos mansamente sin rechistar?
*Carmen Herrarte es Consejera de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza