El Alcalde de Zaragoza escribía hace pocos días en el Heraldo de Aragón que pedalear sobre a quién pertenece la Catedral de la Seo es un debate necesario. Tan necesario que, como él mismo reconoce, durante 30 años nadie ha hablado del tema. El Arzobispado de Zaragoza en rueda de prensa expuso toda la argumentación jurídica que demuestra la legalidad de la inmatriculación.

Su legitimidad, que seguramente es lo que se está poniendo en tela de juicio, responde a un debate diferente, más complejo de debatir, y que se basa en el sentido común. ¿Por qué la Iglesia se apropia de un terreno simplemente por tener una Catedral construida en él desde hace apenas 1.000 años?

En nombre del pueblo, el Alcalde reclama la propiedad del suelo sobre el que se alzan los templos desde hace siglos, mientras defiende su imparcialidad amparándose en la fe cristiana de algunos de sus votantes (no del pueblo, esta vez). Porque nuestro Alcalde pide en nombre del pueblo, pero ofrece en nombre de sus votantes y no de los ciudadanos a los que sirve. Y este, y no otro, es el quid de la cuestión.

Nuestro Alcalde pide en nombre del pueblo, pero ofrece en nombre de sus votantes

Dice el refrán castellano que “escarbó el gallo, y halló el cuchillo para matallo”, algo que pueden encontrar los dirigentes de Podemos si pretenden remover el pasado de forma tan poco sosegada.

Porque si hay una institución en nuestro país que ha sufrido a lo largo de los últimos 3 siglos de forma injusta la expropiación de su patrimonio legítimo es la Iglesia Católica. Así como las diferentes Órdenes Religiosas que durante los siglos XVIII y XIX vieron cómo el Estado, sin ningún tipo de «debate sosegado y sustentado en argumentos» como el que ahora pide el Alcalde, les arrebataba edificios, terrenos, hospicios, conventos, colegios y todo tipo de bienes y propiedades para pagar la negligente administración de la cosa pública que los diferentes gobiernos habían llevado a cabo.

Y de la misma forma que sería ridículo que casi 200 años después de aquellos hechos la Iglesia reclamara esos bienes o pidiera compensación por ello, igual de ridículo resulta nuestro Alcalde clamando que es necesario debatir sobre la propiedad del suelo que alberga la Catedral de la ciudad.

Probablemente la falta de papeleo sobre su titularidad se deba a que ha habido que esperar a tener a la generación de la ESO, dispuesta a dar coba a cualquier bufonada que excite sus adormiladas neuronas, para poner en tela de juicio obviedades que no durarían 10 minutos en un juzgado ni en la barra de un bar (de un bar de abuelos, no de estudiantes).

Apuesto a que nadie pensó nunca que habría que argumentar la titularidad de un templo que lleva más tiempo en manos de la Iglesia que el Ayuntamiento en manos del pueblo. Pero quienes pensaban así no contaban con la ESO.