Este verano hemos conocido que LexNET, la intranet del Ministerio de Justicia por la que circulan todos los documentos que constituyen los expedientes judiciales, tenía fallos garrafales de seguridad que ha permitido que cualquier usuario haya accedido al contenido de cualquiera de los procedimientos judiciales que hay abiertos en este país (en rigor, no todos, Navarra por ejemplo no está red)

Esta intranet, que conecta Tribunales, Juzgados, Fiscalías y Oficinas del Registro Civil con los Institutos de Medicina Legal del país, es la piedra angular de la medida “papel cero”, que pretende acabar con las montañas de expedientes judiciales en papel y sustituirlos por documentos en archivos.

«Fallos garrafales de seguridad que ha permitido que cualquier usuario haya accedido al contenido de cualquiera de los procedimientos judiciales»

A través de esta intranet se envían informes periciales, de autopsia, valoraciones médicas y psicológicas de todo tipo de delitos, con datos que identifican perfectamente a las personas inmersas en el procedimiento.

A ella acceden funcionarios, jueces, letrados de la administración, abogados, procuradores, forenses… Miles de personas que han tenido acceso a información confidencial y altamente sensible. Las críticas a los fallos del sistema, tanto sobre la seguridad como sobre la operatividad, han venido desde todos los colectivos profesionales implicados, incluida la judicatura.

Pero como ciudadana, yo me pregunto: ¿Por qué el Ministerio de Justicia, órgano político, tiene acceso a todos los procedimientos judiciales abiertos en este país? ¿No debería estar LexNet o su equivalente bajo el control del Poder Judicial y no bajo el control del Gobierno? ¿Qué impide al Gobierno acceder a los expedientes judiciales, por secretos que sean, si están en una red controlada por el Ministerio de Justicia?

¿No debería estar LexNet o su equivalente bajo el control del Poder Judicial y no bajo el control del Gobierno?

LexNET es una muestra más de la evidente falta de separación de poderes en España derivada de la nada modélica Transición del 78. Más allá de que miles de personas inmersas en procedimientos judiciales han quedado expuestas por los fallos de seguridad de la red, lo que queda a la vista es quien accede a información que debería estar reservada a los Órganos Judiciales.