En el año 2015, la recuperación de las políticas sociales sirvió de pegamento argumental para ‘echar al PP’ (sic) de Aragón, como por entonces gritaban con cierta pose de gravedad y al unísono los líderes de PSOE, Podemos, CHA e IU.
Fue un argumento, el de la emergencia social generalizada, creado sobre la mentira. Cuando gobernó el PP en Aragón ni se cerraron hospitales, ni se clausuraron aulas, ni se redujeron servicios sociales pese a que aquella Administración estaba siendo golpeada con dureza por la crisis al igual que lo fueron las familias, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios e incluso las grandes empresas.
Salió entonces elegido presidente de Aragón Javier Lambán con la promesa de «acabar con la pobreza y la exclusión social y reconstruir los servicios públicos». Hace ya casi dos años y medio de aquellos compromisos urgentes e ineludibles, y quince meses de gestión directa de la Administración de la Comunidad Autónoma. Pues bien, veamos resumidamente que ha hecho.
Hoy el grado de dificultad de las familias aragonesas para llegar a fin de mes es mayor que en 2015; en estos dos últimos años tan solo han logrado disminuir en mil los hogares sin ingresos, pero seguimos teniendo 14.600 familias que malviven en situación precaria; las listas de espera de cualquier residencia pública para personas mayores han aumentado, no disminuido; el número de personas dependientes atendidas es mayor, pero buena parte son los casos menos graves o con menos dificultad mientras que las personas con dependencia muy severa siguen esperando la respuesta del Gobierno de Aragón.
En cuanto a la aprobación de leyes sociales el balance resulta igualmente pobre. En estos dos años las Cortes de Aragón, donde la autoproclamada coalición progresista conformada por PSOE, Podemos, CHA e IU tiene mayoría, sólo han aprobado tres normas: pobreza energética, emergencia social y concertación de plazas asistenciales.
La realidad ha demostrado que el número de posibles beneficiarios reales de estas medidas está bastante lejano de las 14.600 familias que no llegan a fin de mes. En una lista de espera cada vez más abultada y ampliada en el tiempo siguen sin ver la luz las propuestas estrella prometidas como la Renta Social Básica, la leyes sobre Infancia, Adolescencia y Juventud, sobre Voluntariado o Familias, por poner algunos ejemplos.
Los hechos anteriores no permiten a Lambán, salvo que el engaño vaya por delante, erigirse como referente de un Gobierno social, al menos tan ‘radicalmente social’ como se comprometió en uno de sus habituales excesos verbales o tuiteros.
Si acaso un inicial y ligero barniz social desgastado por inclemencias como la debilidad gubernamental, la inestabilidad parlamentaria o la pérdida de fortaleza entre las Comunidades Autónomas, que con el paso de estos más de dos años han dejado al descubierto la materia original de aquel pacto de izquierdas: la prohibición disfrazada de sectarismo a un Gobierno presidido por el Partido Popular
Junto a la absoluta incapacidad de integrar en un proyecto común y beneficioso para el conjunto de los aragoneses, los siempre complejos y contrapuestos intereses de la izquierda.
*Ana Marín es portavoz de Asuntos Sociales del Partido Popular en las Cortes de Aragón