Lunes, 16 de Septiembre de 2019

Sostiene el Gobierno de Javier Lambán (PSOE) de estar muy atento a la situación de los menores extranjeros no acompañados, cuya actividad despunta estos días entre las noticias periodísticas. Cuesta creerlo.

De ser cierta la versión del Ejecutivo, no se habrían producido problemas en un piso tutelado de Zaragoza, ni tampoco una trabajadora social habría quedado encerrada en otra vivienda de acogida en Borja, ni la casa donde se hospedaban algunos de estos chavales en Garrapinillos habría sido clausurada, ni cinco de estos extranjeros habrían pasado la noche en una comisaría de policía por falta de un espacio mejor.


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No cuadra la versión del Gobierno de Lambán con los hechos, pero sobre todo no les cuadra a los menores llegados a nuestro país en condiciones miserables, sin familiares, sin recursos y con una infancia marcada por la huida obligada de sus países de origen.

Tampoco encaja la versión oficial con el buenismo de esa izquierda que se manifiesta en las calles reclamando ayudas para los refugiados, pero que después se demuestra incapaz de ofrecer una solución salvo llevarles a una comisaría para que duerman. Un discurso eficaz para motivar los corazones pero falaz cuando toca confrontarlo a la realidad.

“No encaja la versión oficial con el buenismo de esa izquierda que se manifiesta en las calles reclamando ayudas pero después se demuestra incapaz de ofrecer una solución”

Certificada la incompetencia del Ejecutivo aragonés para abordar de manera solvente la situación cabría confiar en un acto de mínima justicia social para reconducirla. Lamentablemente, incompetencia e injusticia seguirán ocupando un lugar destacado en la actuación política del Gobierno de Lambán en su relación con los menores extranjeros porque, según han declarado desde el Pignatelli sin sonrojarse, lo importante es el cumplimiento de los derechos humanos.


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Ni los menores ni los ciudadanos afectados por el comportamiento antisocial de algunos de estos chavales van a ver resuelta su situación por invocar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino por el cumplimiento de las competencias y responsabilidades que la administración autonómica tiene atribuidas.

Denunciar políticamente que el Gobierno Lambán obvia su obligación con los menores extranjeros acompañados o que ejecuta de manera pésima las tareas encomendadas para su cuidado nunca será alarmismo social, igual que reclamar responsabilidades ante las faltas o delitos cometidos por estos chavales es simplemente aplicar la Justicia.

Los problemas están para solucionarlos y no para disfrazarlos u ocultarlos, aunque hace ya tiempo que el Ejecutivo autonómico olvidó esta máxima de buen gobierno para dedicarse a tareas menos mundanas como filosofar a costa de los menores.

*Ana Marín es Portavoz de Asuntos Sociales del PP en las Cortes de Aragón